La entrega de Álex Saab y Álvaro Pulido a las autoridades estadounidenses volvió a poner bajo escrutinio a personas vinculadas al entorno político, económico y familiar de Nicolás Maduro. Los movimientos judiciales reavivaron las preguntas sobre quiénes podrían convertirse en los próximos objetivos de las investigaciones de Washington. De acuerdo con reportes periodísticos, siete nombres aparecen en el radar por sus presuntos vínculos con investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico, lavado de activos y evasión de sanciones. Sin embargo, es importante precisar que no existe confirmación pública de que Estados Unidos haya solicitado formalmente la extradición de todos ellos. Entre las personas mencionadas figura Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano y dirigente del chavismo, cuyo nombre ha aparecido en reportes sobre investigaciones relacionadas con el círculo familiar y político del gobernante. También aparece Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores y miembro de la familia presidencial venezolana. Su inclusión en los reportes no permite concluir que exista una solicitud de extradición ni atribuirle delitos sin respaldo judicial verificable. Otro de los nombres es Álex Saab, empresario colombiano relacionado con contratos del Gobierno venezolano, incluidos los del programa de alimentos subsidiados CLAP. Su traslado a Estados Unidos en mayo de 2026 volvió a concentrar la atención sobre las redes financieras vinculadas al chavismo y sobre la posible cooperación con las autoridades. La lista también incluye a Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y antiguo vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Fue detenido en 2024 por su presunta participación en la trama de corrupción PDVSA-Cripto y ha sido señalado por las autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con narcotráfico y sanciones. A su vez, Samark López Bello, empresario señalado como presunto operador financiero de El Aissami, fue sancionado por Washington y detenido en Venezuela en 2024 en el marco de las investigaciones por corrupción en la industria petrolera. Completa el grupo Pedro Luis Martín-Olivares, antiguo funcionario de inteligencia económica venezolano, acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con el tráfico de cocaína, y Raúl Gorrín, empresario y propietario de Globovisión, cuyo nombre aparece en investigaciones estadounidenses sobre presuntos sobornos y lavado de dinero. Por ahora, los siete nombres concentran la atención por sus antecedentes y por las investigaciones que los rodean, pero no todos tienen la misma situación judicial ni existe certeza de que vayan a ser extraditados a Estados Unidos.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo