La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe advirtió que las medidas que contemplan mayores cobros por aumentos en el consumo eléctrico podrían afectar a unas 758.000 familias y mipymes, que representan más de tres millones de personas en la región.
La organización cuestionó que se aplique el mismo criterio a usuarios de distintos climas y condiciones económicas. Por ello, pidió al Gobierno evitar que los hogares del Caribe enfrenten mayores tarifas por sus necesidades de consumo.
Durante la audiencia pública de la Comisión Quinta del Senado en Barranquilla, Norman Alarcón Rodas, coordinador regional de la Liga, planteó estabilizar financieramente a Air-e y Afinia y acelerar la modernización de las redes.
Según su propuesta, la región requiere inversiones cercanas a $5 billones durante cinco años para renovar la infraestructura eléctrica. La organización propone utilizar recursos de regalías mineras, junto con aportes oficiales y de las empresas, para financiar estas obras.
La Liga también expresó preocupación por el proyecto de traslado presupuestal de $1,2 billones para pagar obligaciones de Air-e con generadores. Solicitó aclarar si estos recursos provendrían de partidas de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y cómo se garantizarían esos pagos.
Alarcón sostuvo que la salida exige atender tanto las deudas de las empresas como el deterioro de las redes, para mejorar la calidad del servicio y proteger la economía de los usuarios.
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