Ley de Sometimiento tiene los tiempos ajustados: Congreso tiene hasta el 4 de noviembre para aprobarla

El Congreso de la República enfrenta una carrera contra el reloj para aprobar la Ley de Sometimiento, una iniciativa que deberá superar sus últimos debates y el proceso de conciliación antes del próximo 4 de noviembre. La propuesta es considerada una de las principales apuestas del Gobierno de Abelardo De La Espriella para modificar la estrategia de seguridad y combatir las estructuras criminales. El proyecto avanza en medio de un calendario legislativo ajustado. Mientras el Senado inició la discusión en plenaria y aprobó cuatro artículos, la Cámara de Representantes fue convocada para sesionar el lunes 2 de noviembre, incluso durante el día festivo. La plenaria del Senado retomará el debate el martes, cuando deberá abordar los 25 artículos restantes. Los primeros apartados aprobados contemplan la creación de una unidad especial en la Fiscalía, medidas de protección para víctimas de violencia sexual, restricciones políticas y administrativas para quienes se acojan al mecanismo y la prohibición de establecer beneficios adicionales por fuera de lo contemplado en la normativa. Sin embargo, los puntos más sensibles de la iniciativa todavía están pendientes de discusión. Entre ellos figuran las condiciones de sometimiento, los beneficios penales, la entrega de bienes y las garantías que deberán cumplir los integrantes de las organizaciones criminales para acceder a eventuales reducciones de sus condenas. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y coordinador de la iniciativa, explicó que el articulado ha experimentado modificaciones durante su trámite. Entre los ajustes se incluyó la exclusión de beneficios para quienes hayan reclutado menores de 14 años. También se modificaron las condiciones para colaboradores de las estructuras criminales investigados por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito. En estos casos, el tiempo inicialmente previsto para solicitar la libertad después de cumplir la pena pasó de uno a tres años. Cadavid ha insistido en que la propuesta no representa una negociación política con los grupos armados, sino una reforma de carácter penal que busca facilitar su sometimiento a la justicia. Según explicó, los procedimientos estarán bajo responsabilidad de la Fiscalía y no contemplan la creación de tribunales especiales. Uno de los asuntos que más controversia ha generado es el volumen de modificaciones presentadas durante el trámite. Desde el primer debate se radicaron cerca de 320 proposiciones de diferentes sectores políticos, una situación que podría dificultar el avance de la iniciativa en sus últimos debates. Para recoger observaciones y destrabar la discusión, se realizó un foro con representantes de distintas bancadas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Parte de las recomendaciones fueron incorporadas a los ajustes del proyecto. En materia de reparación, el texto establece que la entrega de bienes deberá ser completa, efectiva y verificable. El incumplimiento de esta obligación podría ocasionar la pérdida de los beneficios judiciales contemplados en la ley. Asimismo, se determinó que la manifestación de voluntad de sometimiento deberá realizarse mediante un abogado ajeno a la organización criminal. Los beneficios penales también hacen parte del debate. La propuesta contempla una reducción de hasta el 50 % de la pena para integrantes de base de las estructuras criminales, mientras que para sus principales cabecillas el beneficio podría llegar al 30 %. Más allá de sus disposiciones judiciales, la iniciativa representa un cambio de rumbo frente a la política de paz total impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con Cadavid, la intención es cerrar ese modelo desde el punto de vista normativo y establecer un nuevo enfoque en materia de seguridad y orden público. Ahora, el principal desafío será superar las diferencias políticas y completar el trámite legislativo dentro del plazo establecido. El Gobierno busca sacar adelante la iniciativa, pero la discusión de los artículos restantes y la posterior conciliación entre Senado y Cámara serán determinantes para definir su futuro. El tiempo juega en contra del proyecto: antes del 4 de noviembre deberá estar resuelto su trámite en el Congreso.