Un exfuncionario de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, denunció presuntas presiones internas para eliminar registros relacionados con contratos suscritos con una empresa vinculada a Alberto Merlano Alcocer, familiar de la ex primera dama Verónica Alcocer. Se trata de Kevin Jair Beltrán Rojas, quien aseguró que recibió instrucciones para borrar información contractual relacionada con Antropos Consultores S. A. S., compañía en la que Merlano Alcocer figura como representante legal suplente. En declaraciones entregadas a la revista Semana, Beltrán relató que el 15 de enero de 2026 fue convocado a una reunión con Pilar Marulanda, vicepresidenta de Talento Humano de Cenit, antes de asumir formalmente su nuevo cargo en la compañía. Según su versión, durante el encuentro le solicitaron manejar el asunto bajo estricta confidencialidad y le retiraron temporalmente el teléfono celular. El exfuncionario sostuvo que en esa reunión le hablaron de contratos entregados a una persona cercana al Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y que le pidieron colaborar para eliminar cualquier registro que pudiera relacionarse con esos acuerdos. Según su denuncia, las instrucciones estaban relacionadas con Alberto Merlano Alcocer, quien fue gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y posteriormente integró la junta directiva de Ecopetrol. Beltrán afirmó que, ante las restricciones que enfrentaba Merlano para contratar directamente, se habría utilizado a Antropos Consultores S. A. S. como vehículo para obtener experiencia y fortalecer su capacidad de contratación con las empresas del grupo petrolero. La sociedad fue constituida el 24 de abril de 2024, con un capital inicial de 25 millones de pesos. De acuerdo con documentos societarios conocidos por Semana, sus activos pasaron de 180 millones de pesos al cierre de 2024 a 1.983 millones de pesos en 2025. Dentro de Ecopetrol, la compañía aparece relacionada con el contrato 5207277, correspondiente a servicios de consultoría y asesoramiento en gestión empresarial, por un valor de 75 millones de pesos. El denunciante aseguró que se negó a eliminar la información y que posteriormente fue trasladado de la Gerencia de Relaciones Laborales y Sindicales a la Gerencia de Energías para la Transición. También manifestó que el 10 de agosto de 2026 recibió la notificación de terminación de su contrato. Ante lo ocurrido, Beltrán acudió al Ministerio del Trabajo y presentó documentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que solicitó protección y expuso las presuntas presiones que habría recibido dentro de la empresa. La respuesta de Cenit y Alberto Merlano Consultada por SEMANA, Cenit confirmó que Antropos Consultores sí participó en actividades contratadas para la filial durante 2024, aunque aclaró que su vinculación se realizó a través de Grupo Spira S. A. S., proveedor encargado del diseño y ejecución de programas de formación. La compañía explicó que Grupo Spira contrató a Antropos para desarrollar el programa denominado Negociación Consciente, entre septiembre y diciembre de ese año. Sin embargo, Cenit rechazó de manera categórica la acusación sobre una supuesta solicitud para eliminar información. La empresa aseguró que Pilar Marulanda nunca pidió a Beltrán borrar registros, documentos contractuales o conversaciones relacionadas con Antropos. También indicó que la administración de los contratos corresponde a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios, por lo que el exfuncionario no habría tenido acceso a esa información. Frente a la salida de Beltrán, la filial sostuvo que su desvinculación no estuvo relacionada con el vencimiento del periodo de protección derivado de la negociación colectiva con los sindicatos. Por su parte, Alberto Merlano Alcocer confirmó que tuvo contratos con Cenit y Ecopetrol durante 2024, que representaron ingresos por 157 millones de pesos en seis meses. Defendió esos vínculos al señalar que obedecieron a su trayectoria profesional y reconoció que su parentesco con Verónica Alcocer podía representar un inconveniente. El caso se conoce en medio de las investigaciones y auditorías sobre posibles influencias dentro del Grupo Ecopetrol y las relaciones contractuales de personas cercanas al anterior Gobierno nacional.

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