El proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia recibió el aval del Consejo Nacional de Política Criminal, un paso que fortalece su trámite legislativo y abre el camino para continuar la discusión de una iniciativa orientada a desarticular estructuras criminales en Colombia. La votación dentro de este organismo consultivo fue de 14 votos a favor y uno en contra. Según las fuentes citadas por ese medio, el voto negativo correspondió a un delegado del Pacto Histórico. El Consejo Nacional de Política Criminal está integrado por representantes de distintas instituciones del Estado, entre ellas entidades del Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, organismos de control, la Fuerza Pública y el Congreso, entre otras instancias relacionadas con la política criminal. El proyecto ya había superado su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. Su propósito es establecer herramientas jurídicas para que integrantes de organizaciones criminales puedan someterse a la justicia bajo determinadas condiciones. ¿Qué contempla el proyecto de ley? Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentran beneficios judiciales para quienes se acojan al mecanismo de sometimiento y cumplan los requisitos establecidos. Según la información divulgada, el texto aprobado en primer debate contempla reducciones de hasta el 30 % de las penas para cabecillas de organizaciones criminales y de hasta el 50 % para integrantes de menor rango. Sin embargo, el proyecto también establece restricciones. Una de las modificaciones señala que quienes sean responsables del reclutamiento de menores de 14 años no podrán acceder a estos beneficios. Las disposiciones buscan establecer condiciones para la entrega de integrantes de estructuras ilegales, así como mecanismos que contribuyan a su desarticulación y al esclarecimiento de las actividades criminales. Cambios en las condiciones para los testaferros Otro de los aspectos modificados durante el primer debate está relacionado con los testaferros y terceros que administran o mantienen bienes vinculados con organizaciones criminales. De acuerdo con el texto reportado, la propuesta inicial contemplaba una pena de un año de prisión para quienes se sometieran a la justicia y entregaran la totalidad de los bienes que tuvieran bajo su poder. No obstante, durante la discusión conjunta de las comisiones primeras, la pena prevista para estos terceros habría sido elevada a tres años de prisión. Este ajuste introduce condiciones más estrictas para quienes, sin necesariamente pertenecer a la estructura criminal como integrantes operativos, hayan participado en el ocultamiento o la administración de sus activos. ¿Qué implica para la política de paz del país? El avance de la Ley de Sometimiento se produce en medio del debate nacional sobre los mecanismos para enfrentar a las organizaciones criminales y los resultados de las estrategias de negociación y sometimiento impulsadas en los últimos años. Aunque el aval del Consejo Nacional de Política Criminal representa un respaldo institucional a la iniciativa, no significa que el proyecto se haya convertido en ley ni que implique, por sí solo, el desmonte definitivo de la política de paz total. Para entrar en vigor, la propuesta deberá completar los debates legislativos correspondientes y cumplir los demás requisitos constitucionales. Su alcance definitivo dependerá del texto que apruebe el Congreso y de las condiciones que se establezcan para garantizar que los beneficios judiciales contribuyan efectivamente a la desarticulación de las estructuras criminales, la entrega de bienes y el sometimiento a la justicia.

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