La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la manera en que se evaluó el cumplimiento de los compromisos de las antiguas Farc frente a la entrega de bienes obtenidos durante el conflicto armado. A través de su cuenta en X, la congresista denunció que la antigua guerrilla dejó de entregar una parte considerable de los activos incluidos en el inventario presentado tras la firma del acuerdo de paz. Según sostuvo, pese a las diferencias registradas, la JEP concluyó que el antiguo Secretariado había cumplido con la obligación de elaborar el inventario y suministrar la información requerida. De acuerdo con las cifras divulgadas por Posada, las Farc reportaron inicialmente 722 inmuebles, pero la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recibió 121. La diferencia también se refleja en los muebles y enseres: de 51.992 elementos relacionados, solamente fueron recibidos 1.830. Las cifras sobre otros activos también fueron objeto de cuestionamientos. En efectivo, el inventario contemplaba 2.500 millones de pesos, mientras que la SAE recibió 2.114 millones. En cuanto al oro, se reportaron 440.020 gramos, de los cuales fueron recibidos 252.500 gramos. A esto se suman 25.000 gramos de oro en joyas, frente a los 2.540 gramos que llegaron a manos de la entidad. La diferencia es aún más amplia en otros bienes. De los 24.456 semovientes reportados, únicamente fueron recibidos 258. En materia de transporte, de 319 unidades inventariadas, la SAE recibió apenas 31. La controversia gira alrededor de una decisión de junio de 2026, en la que la Sección de Apelación de la JEP analizó las actuaciones de las entidades involucradas en el proceso de recaudo, administración y disposición de los activos.
En el numeral 480 de la providencia, la jurisdicción concluyó que el antiguo Secretariado de las Farc-EP cumplió con la obligación de elaborar un inventario de los bienes obtenidos mediante la economía de guerra y entregar la información requerida para su entrega material. Sin embargo, Posada cuestionó que esta conclusión impidiera imponer sanciones a los antiguos comandantes guerrilleros. Para la congresista, existe un trato desigual frente a los integrantes de la Fuerza Pública, quienes, según afirmó, son sometidos a criterios de responsabilidad más rigurosos ante la JEP. La senadora también se refirió al numeral 468 del documento judicial, en el que se detallan las dificultades para localizar los inmuebles. Según esa información, de los 722 inicialmente reportados, la SAE recibió información sobre 311 y logró ubicar 132 terrenos. La providencia menciona problemas de orden público, limitaciones sobre la propiedad y oposición de terceros de buena fe. “La JEP protegió al Secretariado y lo blindó de cualquier reproche en este tema”, manifestó la congresista, quien insistió en sus críticas al tratamiento judicial que recibieron los antiguos jefes de la guerrilla.