La política de ‘Paz Total’, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro, terminó con el cierre de las mesas de negociación heredadas por la actual administración. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, el Estado ejecutó $125.174 millones para financiar los distintos procesos de diálogo y acercamiento con grupos armados y organizaciones criminales. El cierre definitivo llegó esta semana, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella revocara la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN. Con esta decisión quedaron clausurados los 12 procesos de negociación que habían sido abiertos durante la administración anterior. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda citadas en la investigación, $107.572 millones fueron destinados a negociaciones políticas con grupos armados, mientras que otros $17.601 millones correspondieron a conversaciones de carácter sociojurídico con estructuras criminales urbanas. La política involucró mesas con organizaciones como el ELN, el Estado Mayor Central y sus diferentes escisiones, la Segunda Marquetalia, los Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. También se adelantaron acercamientos con estructuras como los Shottas, Espartanos, Los Pepes, Costeños, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Una parte importante de los recursos se destinó al funcionamiento de las negociaciones. Solo en las conversaciones políticas, el transporte aéreo y los esquemas de seguridad para los delegados representaron cerca de $43.180 millones: $21.979 millones en vuelos y aproximadamente $21.200 millones en protección. Los procesos también implicaron desplazamientos internacionales. Las conversaciones con el ELN tuvieron rondas en La Habana, Ciudad de México y Caracas, mientras que los acercamientos con el Clan del Golfo llegaron hasta Doha, Catar. De acuerdo con los reportes financieros citados, las conversaciones con esta última organización representaron recursos cercanos a los $20.000 millones. Otro de los rubros correspondió a los honorarios de quienes participaron en las mesas. Aunque el presidente De La Espriella aseguró que durante los cuatro años se gastaron más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores, el desglose de los rubros específicos citado en la investigación registra $18.378 millones para las negociaciones políticas y $6.677 millones para los espacios urbanos. El proceso con el Clan del Golfo alcanzó dos ciclos de conversaciones y contempló la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal para una eventual concentración de combatientes. Sin embargo, los plazos previstos para poner en funcionamiento estos espacios no se cumplieron y la mesa terminó siendo cerrada por el actual Gobierno. El balance de la política también quedó marcado por cuestionamientos sobre sus resultados. En los territorios donde se desarrollaron los procesos se registraron reducciones de enfrentamientos durante algunos ceses del fuego, pero también aumentos en otras formas de violencia y control criminal. La investigación cita incrementos del 337 % en la extorsión, 70 % en las amenazas y 168 % en el reclutamiento forzado de menores. Con el cierre de la mesa del ELN y el desmonte de los demás espacios de negociación, el Gobierno de De La Espriella marcó un giro frente a la estrategia de su antecesor. La nueva administración ha planteado una política basada en seguridad, autoridad y justicia, mientras prepara un estatuto antiterrorista para presentar ante el Congreso. La discusión sobre la ‘Paz Total’, sin embargo, queda abierta alrededor de cuánto costó la estrategia y cuáles fueron sus resultados frente a la violencia y el fortalecimiento de las estructuras armadas.

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