La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) vuelve a estar en el centro de la controversia por presuntas actuaciones que habrían excedido sus competencias legales. Una investigación de Noticias Caracol reveló que René Guarín, quien se desempeñaba como director encargado de la entidad, habría solicitado a la Registraduría Nacional el censo electoral completo, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. De acuerdo con el informe periodístico, la solicitud se habría realizado mediante una comunicación oficial en la que la DNI argumentó razones de interoperabilidad y procesamiento de información en sus sistemas de análisis. El requerimiento habría sido presentado aproximadamente dos meses antes de la jornada electoral. Entre los datos solicitados figuraban los números de cédula, género, edad, pertenencia a grupos poblacionales, información sobre los puestos de votación —incluidas sus direcciones, municipios y departamentos— y el estado de habilitación de cada ciudadano para ejercer su derecho al voto. La petición despertó cuestionamientos debido a la naturaleza de la información requerida y a las funciones que legalmente corresponden a un organismo de inteligencia. El acceso a una base de datos de estas características podría representar un asunto de especial gravedad, por lo que resulta necesario esclarecer cuál era el propósito de la solicitud, bajo qué fundamento jurídico se presentó y si la Registraduría entregó la información. Esta nueva revelación se suma a los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro, entidad que ha sido señalada de presuntamente utilizar sus capacidades de inteligencia con fines políticos y de ejercer seguimientos sobre sectores de oposición. Las denuncias también coinciden con los hallazgos de una auditoría forense ordenada durante la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Según lo revelado por Semana, el análisis comprendió 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas. El informe habría identificado presuntas irregularidades relacionadas con infiltraciones, problemas de seguridad informática, pérdida de capacidades institucionales y manejo indebido de información reservada. Otro de los asuntos bajo cuestionamiento es la creación, mediante el Decreto 1077 de 2024, de un grupo denominado "Contrainteligencia del Estado", cuya estructura y funcionamiento habrían operado bajo condiciones de escasa transparencia, según los testimonios recogidos en la investigación. Las revelaciones abren nuevos interrogantes sobre los límites de las funciones de inteligencia del Estado y la necesidad de establecer si existió alguna injerencia indebida en asuntos electorales. Las autoridades competentes tendrán que esclarecer el alcance de estas actuaciones y determinar si se presentaron responsabilidades.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo