Jorge Lemus se queda sin escoltas tras revelaciones sobre el uso de vehículos de la UNP para un trasteo

Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, se quedó sin el esquema de seguridad que le había sido restablecido provisionalmente por orden judicial, luego de que se conocieran imágenes en las que aparece utilizando una camioneta blindada y el acompañamiento de un escolta para realizar un trasteo en el sur de Bogotá. El caso tomó relevancia después de una publicación de la revista Semana, que difundió fotografías y videos en los que se observa al exfuncionario mientras su escolta acomoda diferentes elementos en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Lemus había acudido a una acción de tutela para reclamar la devolución de su esquema de protección, argumentando que enfrentaba riesgos para su seguridad. Inicialmente, el juzgado le concedió una medida cautelar que ordenaba mantenerle la camioneta blindada y los escoltas mientras se resolvía el proceso. Sin embargo, durante el trámite judicial se conocieron las imágenes del traslado de objetos personales, un hecho que generó cuestionamientos sobre la necesidad de mantener las medidas de protección y la utilización de los recursos destinados a garantizar su seguridad. De acuerdo con la información publicada por Semana, el fallo de fondo se conoció este martes 10 de noviembre. Aunque el juzgado dispuso mantener provisionalmente el esquema mientras se resolvía el recurso correspondiente, fuentes consultadas por ese medio señalaron que la decisión administrativa ya fue adoptada y que la orden es retirar la protección al exdirector de la DNI. Los cuestionamientos por su paso por la DNI La salida de Lemus del esquema de seguridad se produce en medio de los cuestionamientos que han rodeado su gestión al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia. Una auditoría forense, que examinó 147 terabytes de información, 40 computadores y cinco teléfonos celulares, identificó indicios de una presunta estructura paralela de contrainteligencia que habría operado por fuera de los controles institucionales. Entre los hallazgos se mencionaron posibles seguimientos a dirigentes políticos, fiscales, periodistas y altos funcionarios, así como eventuales irregularidades en el manejo de información reservada, infiltraciones y gastos de inteligencia.