El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció presuntas amenazas, presiones e intimidaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para exigir la continuidad de contratos bajo las condiciones actuales.
Según un comunicado de la entidad, fechado el 27 de octubre, la organización habría condicionado la atención de más de 9.600 niños y adolescentes a que los nuevos contratos mantengan las condiciones vigentes hasta el próximo 31 de octubre.
El ICBF aseguró que la renovación debe ajustarse al marco jurídico de la contratación estatal y rechazó que la continuidad de los servicios se utilice para presionar decisiones administrativas.
“La protección de la niñez no puede utilizarse como instrumento de presión, ni como argumento para exigir condiciones contrarias a la ley”, señaló el Instituto.
La entidad afirmó que mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación, pero insistió en que sus decisiones estarán sujetas a la ley y a la protección de los derechos de los menores.
Los señalamientos corresponden a la denuncia del ICBF. En el documento no aparece una respuesta del CRIC.