Gobierno se juega una carta clave en el Congreso: esta semana de define el futuro de las cuentas de Colombia

Las comisiones económicas de Senado y Cámara tendrán esta semana una de las discusiones fiscales más importantes para el Gobierno de Abelardo de la Espriella: definir si mantienen o modifican el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, actualmente estimado en $634,9 billones. El proyecto presentado por la administración actual supera en $59,2 billones la propuesta que había dejado el Gobierno de Gustavo Petro, cuyo monto inicial era de $575,7 billones. El incremento responde, entre otros factores, a mayores presiones de gasto en pensiones, salud, nómina pública y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Las comisiones económicas están citadas para avanzar en la discusión y deberán definir el monto antes del 15 de septiembre, de acuerdo con los tiempos establecidos para el trámite presupuestal. La decisión marcará además el margen de maniobra que tendrá el Ejecutivo para financiar sus principales compromisos durante el próximo año. Uno de los principales cuestionamientos al proyecto está relacionado con las fuentes de financiación. El congresista Óscar Darío Pérez advirtió que una parte importante de los recursos provendría de ingresos de capital, principalmente deuda y venta de activos, en lugar de ingresos corrientes derivados de impuestos y otras rentas permanentes. Para Pérez, esta composición representa un riesgo desde el punto de vista fiscal, debido a que el país debería depender en mayor medida de ingresos corrientes y no de mecanismos extraordinarios o de endeudamiento para cubrir sus obligaciones. El escenario podría cambiar si el Congreso aprueba la denominada Ley de Rescate Económico, iniciativa que contempla un ajuste superior a $40 billones en el gasto público. De concretarse esa reducción, el presupuesto de 2027 podría terminar por debajo del monto inicialmente presentado y ubicarse alrededor de los $590 billones. A esta discusión se suma la advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que ha señalado la necesidad de adoptar medidas estructurales para frenar el deterioro de las finanzas públicas. El organismo considera que las medidas temporales no son suficientes y reclama un ajuste fiscal permanente y creíble. El Carf también ha pedido comenzar desde ahora a definir una senda fiscal para 2028, año en el que finalizará la cláusula de escape de la regla fiscal. Según sus proyecciones, la deuda neta podría alcanzar el 67,3 % del PIB, escenario que exigiría un esfuerzo fiscal considerable para estabilizarla. Dentro de las alternativas para conseguir recursos también aparece la posibilidad de vender activos estatales. Entre las opciones se ha mencionado una eventual reducción de la participación de la Nación en Ecopetrol, aunque el propio Gobierno ha reconocido que las condiciones actuales del mercado no serían las más favorables para desprenderse de una parte de la compañía.