Tres meses después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional presentó un nuevo balance sobre los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas y respondió a los cuestionamientos relacionados con el manejo de los dineros para atender a los damnificados. Durante el pronunciamiento, Miller Soto, vocero del Gobierno, informó que se están movilizando cerca de $1 billón de recursos públicos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las comunidades. De acuerdo con su explicación, el Fondo Milagro recibió un primer desembolso de $624.656 millones, provenientes de un crédito gestionado con el Banco Mundial. El funcionario también señaló que para noviembre están previstas nuevas adiciones presupuestales, aunque no reveló el monto que se incorporaría al fondo. ¿En qué se están invirtiendo los recursos? En el balance presentado por el Ejecutivo se detallaron tres principales rubros de inversión. El primero corresponde al sector de vivienda, con más de $332.000 millones destinados a intervenir 7.385 casas mediante procesos de reconstrucción, reparación y rehabilitación. Por otra parte, se asignaron $4.600 millones para apoyar a 920 pequeños comerciantes afectados por el terremoto. Cada beneficiario recibirá $5 millones con el propósito de recuperar sus establecimientos y reactivar sus actividades económicas. A estos recursos se suman $50.000 millones destinados a la demolición de edificaciones que representan un peligro para las comunidades. Gobierno se desmarca de las donaciones privadas Otro de los asuntos abordados por Miller Soto fue el manejo de las donaciones entregadas por empresarios, fundaciones y ciudadanos para apoyar a las personas afectadas. El vocero aseguró que estos aportes no ingresan al Fondo Milagro y que tampoco son recibidos ni administrados por el Gobierno Nacional. Según explicó, el sector privado ha comprometido más de $1 billón para contribuir a la atención de los damnificados. “Las cuentas del Estado son unas y las de los privados son otras”, manifestó Soto, al insistir en que los recursos públicos y las donaciones particulares tienen mecanismos de administración independientes. La aclaración se produce en medio de los cuestionamientos sobre la transparencia y el destino de los aportes privados. Recientemente, un juez de Bogotá ordenó a la Fundación Colombia, Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda, responder un derecho de petición presentado por el senador Alejandro Ocampo, relacionado con las donaciones recibidas para atender la emergencia.

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