El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó una reforma constitucional que busca hacer públicas las gestiones de los congresistas ante el Ejecutivo y cambiar las reglas sobre sus conflictos de intereses. La iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, propone registrar los proyectos de inversión que promuevan los legisladores y revelar quiénes financiaron sus campañas.
El proyecto de acto legislativo fue radicado el 15 de octubre. Su propósito, según el Gobierno, es frenar la llamada «mermelada» mediante mecanismos que permitan seguir el recorrido de las solicitudes de inversión y conocer los intereses detrás de las decisiones del Congreso.
Proyectos regionales en un registro público
La propuesta permitiría que senadores y representantes postulen proyectos de inversión para las entidades territoriales o sus habitantes, mediante un registro público. Esa gestión no constituiría por sí misma una violación de las incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses, siempre que se cumplan las condiciones previstas.
Los congresistas no podrían intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos derivados de esas iniciativas. Tampoco podrían obtener un beneficio particular y determinado, ni permitir que lo reciban los financiadores de sus campañas.
El registro permitiría conocer qué legislador promovió cada proyecto, a quién se adjudicó y cuál es su avance. Las iniciativas inscritas podrían ser consideradas por el Gobierno para incluirlas en el presupuesto anual o en modificaciones presupuestales durante la vigencia.
Financiadores e intereses declarados
Otro cambio plantea que una contribución de campaña legal y registrada no configure, por sí sola, un conflicto de intereses. La misma regla se aplicaría al interés compartido por un sector económico, social o regional.
De acuerdo con el articulado reseñado, una vez efectuada la declaración, el congresista podría participar y votar. La propuesta también contempla un registro público de intereses y de financiadores, con el fin de que los ciudadanos puedan contrastar esa información con las posiciones y votaciones de los legisladores.
Ocultar información podría costar la investidura
La reforma incluiría el ocultamiento de información pública de intereses entre las conductas que podrían dar lugar a la pérdida de investidura. Con ello, el Gobierno busca acompañar la obligación de declarar con una sanción por esconder los vínculos que deben conocerse.
El debate se concentra en el alcance de esa transparencia. Mientras el Ejecutivo sostiene que hacer visibles las gestiones y los aportantes permitiría combatir acuerdos ocultos, la propuesta plantea una discusión sobre las garantías necesarias para que los intereses de los financiadores no prevalezcan sobre los de los electores.
Se trata de una iniciativa de reforma constitucional que debe surtir su trámite en el Congreso. Sus disposiciones aún no están vigentes.