El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso bajo la lupa los recursos destinados durante la administración de Gustavo Petro a los procesos de negociación con grupos armados. Según el actual Ejecutivo, durante los últimos cuatro años se pagaron más de $7.000 millones en honorarios a voceros, representantes y negociadores vinculados a estos espacios de diálogo. La cifra fue revelada por el vocero del Gobierno, Miller Soto, quien señaló que los $7.000 millones corresponden únicamente a honorarios y no incluyen otros gastos asociados a los procesos. Entre estos rubros estarían los esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y logística, recursos que, de acuerdo con la administración, también fueron financiados con impuestos de los colombianos. El Gobierno cuestionó además los resultados de la política de Paz Total. La administración de De La Espriella sostiene que, mientras avanzaban los acercamientos con representantes del Estado, distintas estructuras armadas habrían aprovechado estos espacios para fortalecer su presencia territorial, aumentar su capacidad criminal y desafiar a las instituciones de seguridad y justicia. Frente a este panorama, el Ejecutivo decidió cambiar el rumbo de la política de seguridad y anunció que no continuará negociaciones con estructuras criminales que mantengan actividades relacionadas con la violencia, el narcotráfico y la extorsión. La nueva postura establece como alternativas el sometimiento a la justicia o el enfrentamiento con la Fuerza Pública dentro del marco legal y constitucional. Desde el 7 de agosto de 2026 fueron terminados varios procesos de conversación, entre ellos los que involucraban estructuras del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño, además del Frente Raúl Reyes. También se puso fin a la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y al proceso con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur. La decisión también alcanzó espacios de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, y organizaciones criminales de Quibdó y Buenaventura. El Gobierno asegura que el cambio busca recuperar la autoridad del Estado en las regiones y priorizar la protección de la población civil, el respaldo a la Fuerza Pública y la defensa de la institucionalidad.

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