La Contraloría General de la República anunció una revisión prioritaria de cinco contratos suscritos por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuyo valor conjunto asciende a aproximadamente $20.783 millones. La decisión busca establecer si los recursos públicos destinados a estas adquisiciones fueron ejecutados de manera adecuada y si las presuntas irregularidades denunciadas pudieron ocasionar un detrimento al patrimonio del Estado. Las actuaciones de vigilancia y control fiscal fueron ordenadas por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde, luego de conocerse denuncias periodísticas sobre posibles fallas de funcionamiento, deficiencias en la calidad de los equipos, incumplimientos contractuales y eventuales sobrecostos en las compras realizadas por la entidad. El proceso también se produce en medio de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de la DNI, después de revelaciones periodísticas que señalan la presunta existencia de operaciones clandestinas durante la actual administración, relacionadas con posibles interferencias en las elecciones presidenciales de 2026 y labores de vigilancia a expresidentes de Colombia. Los contratos que están bajo revisión Uno de los negocios que concentrará la atención de los organismos de control es la adquisición de un helicóptero no tripulado, cuyo costo habría rondado los $9.000 millones. La Contraloría verificará si el equipo cumplía con las características técnicas exigidas, las condiciones de compra y las garantías establecidas. También examinará las circunstancias del siniestro registrado en marzo de 2026. Otro de los contratos corresponde a la compra de tres sistemas antidrones, por aproximadamente $8.340 millones. En este caso, se revisarán las condiciones de contratación, la entrega de los dispositivos, su funcionamiento y su utilización efectiva dentro de las operaciones de la DNI. La auditoría también incluirá la adquisición de 595 computadores, negocio sobre el cual existen señalamientos por posibles problemas de calidad, fallas técnicas y diferencias frente a las especificaciones acordadas. Los investigadores verificarán las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos. A esta lista se suma la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia en Funza, Cundinamarca, por cerca de $1.549 millones. La revisión estará enfocada en los estudios de mercado, los precios pagados y la entrega de los elementos, ante las denuncias sobre posibles sobrecostos. La relación de contratos examinados también contempla la adquisición de un sistema de identificación biométrica, incluido dentro de las cinco contrataciones objeto de vigilancia fiscal.

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