La crisis en el sistema de salud de los docentes llegó a la Fiscalía General de la Nación. Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), presentó una denuncia penal para que se investiguen las decisiones administrativas, contractuales y financieras que dieron origen al nuevo modelo de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La acción judicial solicita examinar las actuaciones de varios exfuncionarios del Gobierno nacional, entre ellos Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, y Rosa Dory Chaparro, quien estuvo al frente de Fiduprevisora. La denuncia también pide establecer si otros funcionarios tuvieron algún grado de responsabilidad en las decisiones cuestionadas. Según Bustos, uno de los hechos que motivó la denuncia fue la cancelación de la Invitación Pública 002, el 19 de octubre de 2023, proceso que buscaba contratar los servicios de salud para los maestros. Posteriormente, el primero de abril de 2024, el Consejo Directivo del FOMAG aprobó el Acuerdo 003, que estableció los lineamientos del nuevo modelo de atención, cuya implementación comenzó en mayo de ese año. El representante de Red Ver cuestionó el corto tiempo en el que se adoptaron las decisiones y aseguró que posteriormente se presentaron dificultades en la prestación de los servicios médicos. Recursos del FOMAG, bajo cuestionamiento Entre los aspectos que la organización busca esclarecer se encuentran las dificultades para acceder a medicamentos, las controversias en la contratación de prestadores, los pagos a las instituciones médicas y la continuidad de la red de atención. La denuncia también solicita revisar movimientos presupuestales por $1,24 billones y $859.000 millones, además de establecer el origen de un presunto déficit cercano a los $2,7 billones. La Red de Veedurías pidió a la Fiscalía investigar posibles conductas relacionadas con contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado y prevaricato. No obstante, estas corresponden a conductas que deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales. La presentación de la denuncia no implica que los señalados sean responsables de los hechos. Gobierno anunció cambios en la administración del fondo La controversia se conoce en medio de la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que mantenía con Fiduprevisora desde 1990 para administrar los recursos del FOMAG. El acuerdo terminó el 31 de octubre de 2026, después de 36 años. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la determinación se tomó tras una evaluación jurídica, técnica, financiera y operativa. Entre los hallazgos mencionados por el Ministerio figura un patrimonio negativo de $3,198 billones a junio de 2026. Adicionalmente, la cartera de Educación anunció una auditoría forense para revisar el manejo de los recursos y la ejecución del contrato. Los resultados y hallazgos también fueron puestos en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Transición para garantizar la atención médica Desde el primero de noviembre comenzó un periodo de transición de un año, que podrá extenderse por otro, durante el cual Fiduprevisora continuará cumpliendo las responsabilidades correspondientes mientras se estructura un nuevo proceso de licitación pública para seleccionar al administrador. El Ministerio de Educación indicó que este cambio no significa la suspensión de los servicios médicos ni del reconocimiento de pensiones y cesantías de los docentes. Ahora, la Fiscalía tendrá que evaluar los elementos aportados por la Red de Veedurías y determinar si existen méritos para abrir investigaciones y establecer eventuales responsabilidades penales.

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