Las autoridades colombianas adelantan varias investigaciones por presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro. Las indagaciones incluyen posibles operaciones de espionaje contra expresidentes, la extracción ilegal de información altamente reservada y la eventual utilización de recursos de inteligencia con fines políticos. Uno de los episodios más recientes se conoció tras la captura en Neiva de Carlos Andrés Oyola Tovar, quien trabajó en la DNI y es señalado de presuntamente acceder de manera irregular a información de la entidad. Su detención habría permitido profundizar las pesquisas sobre una posible estructura dedicada a actividades informáticas ilegales y a la manipulación de información de interés electoral. De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol y documentos reservados conocidos durante la investigación, Oyola habría obtenido una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), una de las plataformas más sensibles del Estado colombiano. La gravedad del caso radica en que este sistema contiene información restringida cuyo acceso está limitado a un reducido grupo de altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Defensa y los directores de los organismos de inteligencia correspondientes. La Fiscalía investiga al exfuncionario por posibles delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Uno de los principales interrogantes es cómo habría conseguido extraer esa información y quiénes pudieron tener acceso a la copia almacenada en un computador personal. Presunto espionaje a expresidentes Las investigaciones también apuntan a posibles operaciones de seguimiento contra antiguos mandatarios colombianos. Según documentos de la DNI divulgados por Noticias Caracol, durante la administración Petro se expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual la entidad fue incorporada a la asignación de vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes. La medida despertó cuestionamientos ante la posibilidad de que esos automotores fueran utilizados para instalar dispositivos de escucha y sistemas de geolocalización con el propósito de vigilar a los exmandatarios. Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI, cuestionó la justificación de esa decisión y advirtió que no encontraría una explicación técnica para que una entidad de inteligencia participara en la asignación de vehículos de protección, salvo que existieran otros propósitos relacionados con el seguimiento de las personas protegidas. A esto se suma la revelación sobre una presunta casa clandestina de inteligencia que habría funcionado en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá. Según las publicaciones periodísticas, el lugar habría sido desactivado después de las elecciones presidenciales. También se investiga la adquisición de un vehículo aéreo no tripulado que, presuntamente, habría sido destinado a labores de recopilación de información para actividades de inteligencia y contrainteligencia. Auditoría señala pérdida de confianza en la DNI El panorama se amplía con los resultados de una auditoría forense ordenada por el actual Gobierno, que examinó 147 terabytes de información relacionada con el funcionamiento de la entidad. Según los hallazgos divulgados, la DNI habría perdido sus condiciones de confiabilidad institucional y operado bajo dinámicas que fueron calificadas como propias de una policía política. El informe también hace referencia a un grupo denominado «Contrainteligencia del Estado», cuya creación habría permitido concentrar información sensible sobre sectores de oposición y movimientos relacionados con la campaña presidencial, sin los controles institucionales correspondientes.

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