“Esa payasada se acabó”: De La Espriella ordena revisar esquemas de protección de la UNP

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una fuerte advertencia sobre el manejo de los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y ordenó revisar las asignaciones para determinar cuáles cuentan con justificación y cuáles deben ser desmontadas. El mandatario cuestionó el otorgamiento de medidas de protección sin suficientes elementos que acrediten la existencia de un riesgo y advirtió que los recursos públicos no pueden destinarse a financiar esquemas que carezcan de fundamento. “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, manifestó el jefe de Estado, al referirse a lo que considera posibles irregularidades en la asignación de estos servicios. De La Espriella insistió en que las decisiones deben responder a evaluaciones técnicas y no a presiones, intereses particulares o consideraciones políticas. Por ello, pidió acelerar el proceso de revisión y retirar las medidas que no cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, el presidente aseguró que la revisión no significará abandonar a quienes realmente estén en peligro. Según afirmó, las personas que acrediten amenazas y necesiten protección continuarán recibiendo las medidas correspondientes, sin importar su orientación política o su respaldo al Gobierno. “Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, sostuvo. El mandatario también señaló que mantiene comunicación diaria con el director de la UNP para hacer seguimiento a las decisiones de la entidad y garantizar que los recursos disponibles se utilicen de manera responsable. La revisión se produce en medio de las preocupaciones del Gobierno por la situación fiscal del país y el costo que representan los esquemas de protección. De La Espriella defendió la necesidad de controlar el gasto y evitar que las medidas de seguridad se conviertan en un beneficio para personas que no acrediten un riesgo real. Con esta instrucción, el Ejecutivo busca depurar las asignaciones de la UNP y reforzar los controles sobre el uso de los recursos estatales. El desafío será retirar las protecciones injustificadas sin afectar a líderes sociales, dirigentes políticos, periodistas y demás personas cuya seguridad dependa de una evaluación objetiva del riesgo.