Antes de llegar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Andrés Oyola Tovar, capturado por su presunta participación en delitos informáticos, tuvo un contrato de prestación de servicios con el Fondo Colombia en Paz. Por sus labores de asesoría en seguridad informática recibió más de $213 millones, según los documentos financieros del convenio. El contrato, identificado con el número 41 de 2023, fue firmado el 11 de enero de ese año. Su objeto era brindar acompañamiento al director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en asuntos relacionados con sistemas de información, tecnología y seguridad informática. Por esta labor, Oyola tenía honorarios mensuales de $16.029.523, durante un periodo inicial de 12 meses. El valor inicial del contrato superaba los $192 millones y los recursos provenían del patrimonio autónomo del Fondo Colombia en Paz. Sin embargo, el expediente contractual también deja interrogantes sobre el cumplimiento de los requisitos de experiencia exigidos para el cargo. El perfil Profesional 14 contemplaba dos posibilidades: contar con título de maestría y 30 meses de experiencia, o tener una especialización y acreditar 54 meses de experiencia. De acuerdo con los documentos académicos citados en la investigación periodística, Oyola terminó materias de Ingeniería de Sistemas en junio de 2019, obtuvo su título profesional en octubre de 2021 y recibió su matrícula profesional en noviembre de ese mismo año. A esto se suman los señalamientos de la Fiscalía, que investiga si habría alterado cerca de 40 registros de calificaciones entre 2017 y 2023 para obtener títulos de posgrado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Una prórroga que terminó anticipadamente En diciembre de 2023, la dependencia de Sustitución de Cultivos solicitó extender el contrato por un año más. La justificación estaba relacionada con la continuidad de los programas de sustitución y reconversión productiva en territorios afectados por cultivos ilícitos. La modificación se formalizó el 11 de enero de 2024 y contemplaba una adición de $192.354.276. De esta manera, el valor total del contrato ascendía a $384.708.552. No obstante, la extensión no llegó a cumplirse. El 20 de febrero de 2024, Oyola solicitó la terminación anticipada del vínculo contractual por motivos personales. La fecha coincide con su ingreso a la Dirección Nacional de Inteligencia. El cierre financiero, fechado el 19 de abril de 2024, registra 14 pagos realizados por Fiduprevisora entre febrero de 2023 y marzo de 2024, por un total de $213.726.973,67. Los señalamientos contra el excontratista Oyola fue capturado el 6 de noviembre de 2026 en el centro de Neiva, durante un operativo del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía. Según las autoridades, tenía una orden de captura vigente desde mayo de ese año. La investigación lo relaciona con presuntas modificaciones de calificaciones académicas en la UNAD y con posibles accesos irregulares a sistemas informáticos. También se le ha señalado de tener vínculos con una presunta estructura de hackers que habría intervenido en sistemas de entidades del Estado. El caso ha generado cuestionamientos sobre los procesos de contratación y los controles institucionales que permitieron su vinculación con entidades públicas. Oyola no aceptó los cargos que le fueron imputados. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
El millonario contrato de Carlos Oyola antes de llegar a la DNI: recibió más de $213 millones del Fondo Colombia en Paz
El ingeniero de sistemas, capturado por presuntos delitos informáticos y señalado de manipular registros académicos, firmó un contrato por $192 millones en 2023.

