Un nuevo elemento se suma a la controversia por las denuncias de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez contra el expresidente Gustavo Petro. La joven aparece en registros de contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), pese a que asegura que nunca trabajó en esa entidad ni ingresó a la Casa de Nariño. La información, revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, señala que el nombre de Jiménez figura en un reporte de Función Pública publicado el 25 de julio de 2026, cuando faltaban pocos días para la finalización del periodo presidencial de Petro. Según el documento, la joven aparecía vinculada como auxiliar administrativa del Dapre. Sin embargo, Jiménez negó haber tenido relación laboral con esa dependencia y planteó la posibilidad de que su identidad hubiera sido utilizada sin autorización. «Si mi nombre aparece en algún papel en el Dapre, entonces usaron mi nombre», afirmó en declaraciones al medio. La situación abre interrogantes sobre el origen del registro, el procedimiento administrativo que se habría adelantado y la eventual existencia de documentos contractuales que permitan establecer si la vinculación se materializó o si se trató de un trámite que no llegó a completarse. Contratos estatales bajo la lupa El caso adquiere mayor relevancia porque Jiménez también aparece relacionada con contratos en otras entidades públicas, entre ellas el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. De acuerdo con la información publicada, los pagos asociados a esas vinculaciones superarían los 100 millones de pesos.
La joven sostiene que algunos de esos contratos habrían sido utilizados como contraprestación por supuestos favores sexuales al entonces presidente. Estas afirmaciones constituyen denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades y no equivalen, por sí mismas, a hechos judicialmente probados. Otro de los aspectos que llama la atención es la participación de Tito Lovo Carretero, director encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, quien aparece como supervisor de dos contratos suscritos por Jiménez con esa cartera. También habría firmado documentos en los que se justificaba la necesidad de contratar personal de apoyo por insuficiencia de funcionarios. La investigación deberá establecer si los procesos contractuales cumplieron los requisitos legales, si los servicios previstos fueron efectivamente prestados y si existieron irregularidades en la selección o vinculación de la contratista. La Fiscalía deberá esclarecer los hechos Jiménez manifestó que está a la espera de ser citada por la Fiscalía General de la Nación para aportar pruebas relacionadas con sus declaraciones. Entretanto, se espera que las autoridades competentes avancen en la verificación de los documentos y determinen si existen elementos suficientes para establecer posibles responsabilidades. Petro ha negado haber entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales. Por ello, será fundamental contrastar las versiones de los involucrados con los registros oficiales, los soportes de contratación y las pruebas que puedan incorporarse a las investigaciones. Más allá de la controversia política, el registro de una posible vinculación en el Dapre que la propia persona niega haber tenido plantea una pregunta fundamental: ¿se trató de un procedimiento inconcluso, de un error administrativo o de una eventual utilización indebida de su identidad?
La respuesta dependerá de la documentación y de las verificaciones oficiales. Lo que está en juego es la transparencia en la contratación pública y la necesidad de esclarecer unos señalamientos que, por su gravedad, exigen rigor investigativo y respeto por el debido proceso.