De una supuesta represalia electoral a cuestionamientos contractuales: el caso Comfamiliar Atlántico

La intervención de Comfamiliar Atlántico, iniciada el 6 de julio de 2026 por la Superintendencia del Subsidio Familiar, pasó de ser cuestionada como una posible decisión de carácter político a convertirse en el centro de denuncias y señalamientos sobre el funcionamiento administrativo y contractual de la caja de compensación. La medida fue adoptada después de que funcionarios de la Superintendencia llegaran a la sede de Comfamiliar Atlántico, en el centro de Barranquilla, para ejecutar una intervención administrativa. Como parte de la decisión, fue removido de su cargo el entonces director administrativo, Herber Mantilla Gómez, al igual que los integrantes del Consejo Directivo. En su reemplazo fue designada como directora encargada María Teresa Carvajal Aguirre. La medida cautelar fue establecida inicialmente por un periodo de 12 meses, con una evaluación de la gestión cada seis meses, según lo señalado en el proceso de intervención. Desde el comienzo, Comfamiliar Atlántico manifestó su desacuerdo con la decisión y anunció acciones legales. La entidad sostuvo que existían cuestionamientos relacionados con el debido proceso y aseguró que la resolución de la Superintendencia debía ser sometida al control de las autoridades judiciales competentes. La caja también cuestionó que la intervención produjera efectos pese a una suspensión ordenada por el Consejo de Estado respecto de una disposición relacionada con las facultades de intervención. Según la entidad, el procedimiento debía garantizar plenamente los derechos de defensa y contradicción. En medio de la controversia, la Federación del Sistema de Seguridad Social señaló que la intervención podría haber estado relacionada con una supuesta represalia política. La organización citó una declaración juramentada de Herber Mantilla, quien aseguró que días antes de la segunda vuelta presidencial de 2026 sostuvo una reunión privada con el entonces ministro de Trabajo y exsuperintendente del Subsidio Familiar, Antonio Sanguino. Según el testimonio de Mantilla, durante ese encuentro Sanguino habría cuestionado su respaldo a la campaña de Abelardo De La Espriella y habría hecho referencia a supuestos vínculos políticos. Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por el exdirector y forman parte de los cuestionamientos que rodearon la intervención. Otro de los puntos señalados por Mantilla está relacionado con un informe de visita elaborado por la Superintendencia. De acuerdo con su declaración, el documento dejó 54 observaciones y 23 recomendaciones, además de trasladar 22 de esas observaciones a la dependencia encargada de asuntos de responsabilidad administrativa y medidas especiales. Mantilla sostuvo que varias de las observaciones correspondían a hechos de administraciones anteriores, algunos con una antigüedad superior a 20 años. La anterior administración de Comfamiliar Atlántico defendió que su gestión era reciente y que había manifestado disposición para implementar los correctivos que fueran necesarios. El exdirector también cuestionó la actuación del superintendente delegado Miguel Atalo Salomón Fuentes. Según su declaración, Fuentes habría tenido un interés previo en ocupar un cargo directivo dentro de Comfamiliar Atlántico, razón por la cual la corporación presentó una recusación en su contra con fundamento en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La controversia trascendió el ámbito de Comfamiliar Atlántico. Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, afirmó que la intervención de la caja se sumaba a otras intervenciones realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro y manifestó preocupación por el papel de las superintendencias frente a entidades privadas del sistema de compensación familiar.