La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro, con el propósito de determinar si se presentaron posibles irregularidades relacionadas con la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025. La consulta fue convocada por la colectividad para definir a su candidato a la Presidencia de la República. En ese proceso, Cepeda resultó elegido como la carta del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2026.
La actuación de la Corte busca establecer si los recursos utilizados durante la jornada y las actividades asociadas a la consulta se ajustaron a las normas que regulan la financiación de las campañas y de los procesos políticos. Por ahora, se trata de una indagación previa, por lo que no implica una acusación ni determina responsabilidad alguna contra el congresista. Durante esta etapa, el alto tribunal deberá recopilar información y verificar los hechos que dieron origen a la actuación, así como establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación formal. También se deberá determinar el origen, manejo y destinación de los recursos que habrían sido utilizados en el proceso interno del Pacto Histórico. La decisión pone nuevamente bajo escrutinio judicial uno de los procesos políticos que definieron el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Cepeda, quien actualmente es senador, quedó como candidato del Pacto Histórico tras la consulta interna, en la que participaron distintos sectores de la coalición.
La consulta Los hechos tienen que ver con la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre del año pasado, en la que Iván Cepeda obtuvo cerca del 65 % de los votos, por encima de Carolina Corcho y Daniel Quintero, y consolidó su posición como líder del oficialismo para la contienda presidencial de este año. Las acciones presentadas contra Iván Cepeda y su campaña fueron por el reporte como contribución o donación de recursos entregados por Javier Antonio Pérez y la empresa Samat Publicidad SAS, ubicada en Barranquilla. En el primer caso, llama la atención que Pérez Páez supuestamente donó 116 millones de pesos, una cifra que superaría el tope de recursos que una sola persona natural podía aportar a una campaña. En el segundo, las alarmas se prendieron tanto por el monto, 609 millones de pesos, como por el origen de los recursos, ya que provenían de una empresa. La normativa electoral prohíbe que las personas jurídicas hagan donaciones a las campañas presidenciales.