Los contratos estatales de Santiago Rafael Alcocer Vélez, empresario del sector automotor y primo de la exprimera dama Verónica Alcocer, vuelven a estar en el centro de la atención pública, en medio de los cuestionamientos que rodean a familiares de la expareja del expresidente Gustavo Petro. Alcocer Vélez está vinculado a Country Motors, compañía que ha participado en negocios con entidades estatales. Entre las operaciones reportadas figura una relacionada con la adquisición de 40 vehículos que terminaron siendo vendidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por un valor de $29.000 millones, según información publicada por El Tiempo. La operación involucró a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú, que intervino en la comercialización y adecuación de los automotores. Francisco Estupiñán, representante de esa corporación, aceptó cargos en agosto por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Otro de los negocios registrados corresponde a un contrato suscrito en diciembre de 2025 entre Country Motors y el Sena, Regional La Guajira, por $849 millones. El objeto estaba relacionado con la adquisición de vehículos para un proyecto de restauración de aerobombas en comunidades wayúu. La empresa también ha celebrado contratos con la Gobernación de Bolívar y otras entidades públicas para la adquisición y el mantenimiento de automotores. El empresario defiende la legalidad de sus negocios Frente a los cuestionamientos por la operación relacionada con la UNGRD, Alcocer Vélez sostuvo que Country Motors no contrató directamente con esa entidad, sino que suministró camiones a proveedores vinculados al negocio. Asimismo, aseguró que colaboró con la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de los hechos y defendió la legalidad de su participación en procesos de contratación pública mediante el SECOP II. El empresario también negó tener propiedades o residencia en Miami, afirmó desconocer los señalamientos formulados por Eva Ferrer y manifestó que ninguna autoridad lo ha citado, de acuerdo con sus declaraciones al medio citado. Los contratos, en medio de las denuncias contra Verónica Alcocer La publicación de estos antecedentes contractuales coincide con la indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre las acusaciones de Eva Ferrer, antigua asesora presidencial y cercana a Verónica Alcocer. Ferrer ha formulado señalamientos sobre presuntas irregularidades, posibles movimientos financieros y supuestos negocios relacionados con Venezuela. Las afirmaciones están pendientes de esclarecimiento por parte de las autoridades y no constituyen, por sí mismas, prueba de responsabilidad penal. Alcocer, por medio de su apoderado, ha expresado su disposición a colaborar con la justicia y ha cuestionado que se la vincule con hechos que, según sostiene, se basan en versiones de terceros. Por ahora, los contratos de Country Motors con distintas entidades públicas y las declaraciones de los involucrados forman parte de un contexto que exige distinguir entre los registros de contratación, las denuncias formuladas y las responsabilidades que eventualmente puedan establecer las autoridades judiciales.

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