Contratos hasta 2029: la polémica que rodea la intervención de Comfamiliar Atlántico

Una serie de contratos, modificaciones y decisiones administrativas adoptadas durante la intervención de Comfamiliar Atlántico ahora están bajo revisión jurídica de las autoridades. Uno de los casos que concentra la atención es el de María Teresa Carvajal Aguirre, quien fue designada como directora administrativa de la Caja durante la intervención. Su contrato inicial fue firmado bajo la modalidad de obra o labor, con un salario integral mensual de $53,5 millones y condicionado a la duración de la medida de intervención, inicialmente establecida por 12 meses. Sin embargo, el 23 de julio se suscribió un otrosí que modificó el vínculo y lo convirtió en un contrato a término fijo por dos años, contados desde el 9 de julio de 2026. El documento señala como uno de sus objetivos consolidar su nombramiento y garantizar su continuidad al frente de la entidad. Según los cálculos preliminares de la revisión jurídica, una eventual terminación anticipada podría generar una indemnización cercana a $1.500 millones, recursos que tendrían que salir de Comfamiliar Atlántico. El caso adquiere una dimensión adicional por la relación que Carvajal Aguirre habría mantenido con Juan Guillermo Ortiz Juliao, quien durante la administración anterior ocupó el cargo de Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Precisamente, las autoridades buscan establecer si existió algún conflicto de intereses y cuál fue la participación de Ortiz Juliao o de la dependencia que dirigía en las decisiones relacionadas con la designación de Carvajal. La revisión también contempla su paso por Comfanorte y Comfamiliar Atlántico, ambas cajas sometidas a medidas especiales durante el Gobierno anterior, con el propósito de establecer cómo se produjeron sus vinculaciones y si existían restricciones para asumir una segunda designación. Contratos que llegan hasta 2029 El expediente bajo revisión contiene además varios contratos de altos directivos de Comfamiliar Atlántico que fueron pactados por tres años, pese a que la intervención había sido establecida inicialmente por 12 meses. Entre ellos aparecen: Javier Mauricio García Quiroz, secretario general: contrato hasta 2029 y salario integral de $26,75 millones mensuales. Iván Augusto Alonso Antequera, jefe de Planeación y Vivienda: tres años y $26,75 millones mensuales. Gary Ernesto Martínez Gordon, jefe de la Oficina Jurídica: tres años y $19,26 millones mensuales. José Luis Romero Medina, jefe de la División Financiera y Administrativa: tres años y $26,75 millones mensuales. En estos cuatro casos, según los documentos revisados, no quedó establecido por escrito un periodo de prueba. También aparece Manuel Eduardo de los Ríos Gutiérrez, jefe de Servicios Sociales, cuyo contrato sí contempla periodo de prueba. Para las autoridades, la duración de estos vínculos y las condiciones pactadas son relevantes porque podrían limitar la posibilidad de terminar anticipadamente los contratos sin generar consecuencias económicas para la Caja. La Superintendencia del Subsidio Familiar ha anunciado que ejercerá sus facultades de inspección, vigilancia y control para determinar si las actuaciones adelantadas durante esas intervenciones se ajustaron a la ley y protegieron los recursos de las cajas.