La contratación de Verónica Guerrero Jiménez, hermana de Juliana Guerrero, vuelve a generar cuestionamientos por los vínculos de sus contratos con compromisos del Gobierno nacional que, según una alerta del Ministerio del Interior, no se habrían cumplido en La Guajira. De acuerdo con una investigación publicada por Semana, Guerrero obtuvo tres contratos directos entre 2022 y 2023 con el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Uno de los acuerdos estaba relacionado con el seguimiento a las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para proteger a las comunidades wayúu. El contrato más llamativo fue entregado por el Ministerio del Interior cuando Guerrero tenía 24 años. Para entonces, su formación académica era de bachiller y contaba con algunos meses de experiencia laboral certificados por la Fundación Raíces Afro. Su labor estaba vinculada con la articulación de políticas públicas y el cumplimiento de las disposiciones de la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales de la población wayúu. Sin embargo, la revisión de los registros disponibles en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) no permitió encontrar un informe de gestión que acreditara las actividades desarrolladas por Guerrero. Pese a ello, la documentación consultada por Semana indica que recibió la totalidad de los pagos correspondientes. La situación adquiere mayor relevancia por una alerta del Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior, en la que se advierte que los contratos suscritos durante la administración anterior para atender las órdenes de la Corte Constitucional no habrían alcanzado los objetivos establecidos. El documento señala que el Estado colombiano incumplió sus obligaciones de protección y garantía de derechos para las comunidades cobijadas por la sentencia. También advierte sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a La Guajira, cuyo monto fue calculado en aproximadamente 3.000 millones de pesos. Tres contratos durante el Gobierno Petro El contrato relacionado con La Guajira no fue el único vínculo contractual de Verónica Guerrero con entidades del Estado. El primero de los acuerdos mencionados fue suscrito el 7 de octubre de 2022 con Colombia Compra Eficiente, por un valor de seis millones de pesos y una duración de 85 días. Su objeto era apoyar actividades administrativas, logísticas y de divulgación relacionadas con los servicios de compra pública. Posteriormente, el 20 de febrero de 2023, recibió un segundo contrato con la misma entidad, esta vez por cerca de 13 millones de pesos y un plazo de ejecución de 182 días. El objeto contractual era similar al anterior. Según la investigación periodística, tampoco se encontró un informe de gestión que permitiera verificar las actividades realizadas durante estos dos contratos. Las contrataciones se produjeron antes de que las hermanas Guerrero Jiménez adquirieran protagonismo en el Ministerio de Igualdad, otra entidad creada durante la administración de Gustavo Petro y que posteriormente quedó envuelta en cuestionamientos por su funcionamiento y manejo administrativo.

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