La reforma tributaria y la ley de ajuste fiscal impulsadas por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella enfrentan un panorama complejo en el Congreso. Aunque distintas bancadas coinciden en la necesidad de sanear las finanzas públicas, persisten profundas diferencias sobre los nuevos impuestos y la distribución de los sacrificios económicos que deberán asumir los colombianos. Las tensiones quedaron en evidencia durante una reunión celebrada el sábado en Barranquilla, donde representantes del Ejecutivo y congresistas de las comisiones económicas sostuvieron un primer acercamiento para discutir los alcances de la propuesta. El encuentro, desarrollado durante aproximadamente cuatro horas en la Casa Libertad y Orden, permitió conocer las posiciones de los partidos, pero terminó sin acuerdos concretos sobre las modificaciones que podrían introducirse al proyecto. El IVA y los nuevos impuestos generan preocupación Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con los cambios propuestos al impuesto sobre las ventas (IVA), especialmente en productos de la canasta familiar, insumos agropecuarios y artículos de consumo habitual. Varios congresistas consideran que estas disposiciones podrían incrementar el costo de vida y afectar directamente a los hogares de ingresos medios, así como a diferentes sectores de la producción nacional. El proyecto contempla tarifas de entre 0,008 y 0,014 unidades de valor tributario (UVT) por galón de gasolina, mientras que para el ACPM establece un rango de 0,009 a 0,016 UVT. Centro Democrático exige una reducción más profunda del Estado Desde el Centro Democrático también surgieron cuestionamientos al contenido de la reforma. El senador Carlos Meisel manifestó que su colectividad reconoce las dificultades fiscales del país, pero mantiene diferencias frente a las herramientas propuestas por el Gobierno para superarlas. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez planteó que la coyuntura económica debería aprovecharse para impulsar una transformación estructural del Estado, simplificar el sistema tributario y promover condiciones que favorezcan el crecimiento económico. En materia de austeridad, el Centro Democrático propone eliminar o fusionar más de 200 entidades públicas que, según su criterio, presentan duplicidad de funciones. El Ejecutivo, entretanto, contempla reducir a la mitad, para 2027, los costos asociados a contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. También busca obtener facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar, fusionar o suprimir ministerios y otras entidades estatales. El ajuste fiscal dependería principalmente de mayores ingresos La distribución del esfuerzo fiscal constituye otro de los puntos sensibles del debate. Un análisis de Lumience Economic Intelligence señala que el ajuste propuesto, equivalente al 4,20 % del producto interno bruto (PIB) para 2030, estaría sustentado principalmente en el incremento de los ingresos tributarios y parafiscales. De acuerdo con ese estudio, el 65,5 % del ajuste provendría de mayores ingresos, mientras que el 34,5 % correspondería a medidas relacionadas con el gasto público. Estas cifras alimentan la discusión sobre si el Gobierno debería profundizar primero la reducción de sus gastos antes de trasladar nuevas obligaciones tributarias a los ciudadanos y al sector empresarial. Persisten dudas sobre la devolución del IVA Otro componente que despertó interrogantes fue EfectIVA, el mecanismo propuesto por el Gobierno para devolver directamente a los hogares de menores ingresos parte del IVA pagado en sus compras habituales. Aunque la medida pretende compensar el impacto de los nuevos gravámenes, algunos legisladores consideran que todavía existen vacíos sobre su implementación. Entre las preocupaciones aparecen los procedimientos operativos necesarios para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios. La propuesta también incluye modificaciones a los aportes parafiscales de empresas con trabajadores que devenguen entre dos y tres salarios mínimos, mediante tarifas parciales destinadas al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al sistema de salud. Gobierno y Congreso preparan mesas técnicas La reunión contó con una delegación del Gobierno encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, acompañado por los ministros Miguel Gómez, de Hacienda; Iván Cancino, de Justicia; Mauricio Gómez, de Comercio, y Alejandro Ordóñez, del Interior. También participaron el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, y la directora del ICBF, María Carolina Restrepo. En representación de los partidos estuvieron voceros del Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y Salvación Nacional. El Pacto Histórico, principal fuerza de oposición, no envió delegados al encuentro. Tras la reunión, las bancadas asumieron el compromiso de presentar sus observaciones y propuestas para avanzar hacia mesas técnicas con el Ejecutivo. El tiempo se agota para aprobar la reforma El calendario legislativo representa una presión adicional para el Gobierno, debido a que las sesiones ordinarias del Congreso finalizarán el próximo 16 de diciembre. Aunque la iniciativa fue presentada con mensaje de urgencia, su aprobación dependerá de los consensos que puedan alcanzarse en las comisiones económicas y posteriormente en las plenarias. A diferencia de lo ocurrido con el trámite del presupuesto nacional de 2027, la reforma tributaria no podrá convertirse en norma mediante decreto presidencial si el Congreso no la aprueba. En consecuencia, la negociación de los nuevos impuestos y el alcance de los recortes al gasto público serán determinantes para el futuro de la iniciativa. El Gobierno deberá convencer a las distintas fuerzas políticas de que su propuesta permite recuperar el equilibrio fiscal sin imponer cargas desproporcionadas sobre los hogares y los sectores productivos.

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