Tener votos y conseguir un aval puede no servir de nada si el aspirante sigue legalmente en su cargo. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, José Antonio Parra Fandiño, advirtió que presentar la renuncia no basta: debe ser aceptada a tiempo.
El llamado está dirigido a los empleados públicos que ejercen jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar y buscan competir en las elecciones regionales de 2027.
Según Parra, el 30 de octubre de 2026 es la fecha límite para quienes deben retirarse con doce meses de anticipación. Su advertencia fue directa: «Ojo, no es presentar la renuncia, es que el nominador acepte la renuncia».
Esto significa que radicar una carta no resuelve el problema si el retiro no se hace efectivo dentro del plazo correspondiente.
El magistrado aclaró que la restricción no cobija a todos los servidores públicos. Para determinar una posible inhabilidad hay que revisar las funciones del empleo, el territorio donde se ejerció autoridad y el cargo al que se pretende aspirar.
La advertencia pone a revisar cuentas a funcionarios que buscan llegar a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Una renuncia tardía puede comprometer la candidatura antes de que empiece la campaña.
El aval de un partido no corrige una inhabilidad. Y los votos tampoco.