Cancillería firmó 227 contratos en un solo día durante el Gobierno Petro: revisan millonarios gastos

La contratación en la Cancillería durante el Gobierno de Gustavo Petro quedó bajo escrutinio tras conocerse que el 30 de enero de 2026 se suscribieron 227 contratos por un valor total de $21.137 millones, justo un día antes de la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales. La cifra representa el 28,1 % de los contratos incluidos en la revisión preliminar divulgada por la entidad y abrió interrogantes sobre la planeación contractual, la justificación de las necesidades y los criterios utilizados para determinar los honorarios. Según información publicada por El Colombiano, la nueva administración comenzó a examinar los contratos suscritos durante el Gobierno anterior para establecer si las vinculaciones respondían a necesidades reales del servicio y si cumplían los requisitos legales. Más de $92.000 millones bajo revisión El balance presentado por la Cancillería el 5 de octubre reportó la revisión de 811 contratos, cuyo valor conjunto ascendía a cerca de $92.846 millones. De acuerdo con los resultados divulgados, 551 contratos contemplaban actividades repetidas o altamente similares, mientras que 367 tenían exactamente el mismo objeto contractual, aunque presentaban diferencias importantes en sus valores. En algunos casos, la información examinada evidenció que un contrato podía costar hasta cuatro veces más que otro con un objeto similar. Otro dato que llamó la atención fue que el 99,6 % de los contratos revisados se habría celebrado mediante contratación directa. Aunque esta modalidad está permitida por la legislación colombiana bajo determinadas condiciones, la discusión se centra en establecer si cada proceso contaba con la debida justificación y cumplía las exigencias normativas. La revisión también identificó 101 contratos firmados durante fines de semana, así como una concentración de 785 contratos entre el 6 y el 30 de enero, por un valor estimado de $77.200 millones. Contratos millonarios y plazos atípicos Entre los casos que despertaron interrogantes figura un contrato por $2.839 millones con un plazo de ejecución de apenas dos días. También se identificó otro registro contractual con valor de cero pesos y una vigencia que se extendería hasta 2028. Estas situaciones fueron señaladas como atípicas y requieren aclaraciones sobre su objeto, las condiciones pactadas y las obligaciones registradas. Por sí solas, no constituyen prueba de la comisión de un delito. La revisión también puso bajo observación la estructura de personal del Ministerio. Según la información divulgada, se identificaron 618 nuevos cargos cuya creación no tendría acreditados, ante la instancia correspondiente y al momento del reporte, los estudios técnicos o los soportes presupuestales requeridos. Adicionalmente, la Cancillería informó sobre la terminación de 40 contratos de prestación de servicios por presuntas irregularidades. La entidad indicó que esta cifra podía aumentar a medida que avanzara el análisis documental. Contratistas y vacantes: otro frente de revisión Los cuestionamientos también se relacionan con la estructura laboral de la Cancillería. Los datos citados por El Colombiano registran una planta de 1.735 cargos, de los cuales 108 estaban vacantes. La coexistencia de puestos sin proveer y un volumen considerable de contratos externos plantea preguntas sobre la distribución de las funciones y la planificación del recurso humano. El punto central consiste en determinar si las contrataciones respondían a necesidades temporales o especializadas o si, por el contrario, algunas personas estaban desarrollando actividades que podían requerir una solución permanente dentro de la estructura institucional. Fuentes del Ministerio consultadas por el diario también manifestaron inquietudes sobre presuntas presiones internas para concretar determinadas vinculaciones y sobre la posible influencia de relaciones personales en algunas decisiones. Estas apreciaciones corresponden a testimonios atribuidos a fuentes reservadas y deben distinguirse de los hallazgos documentales. La Procuraduría también había encendido las alarmas Las observaciones sobre la contratación no surgieron únicamente de la revisión adelantada por la nueva administración. El 7 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación advirtió deficiencias en la contratación por prestación de servicios y en la gestión del talento humano de la Cancillería, luego de examinar 1.053 contratos por $83.742 millones, suscritos entre agosto de 2025 y febrero de 2026. Según la información divulgada, el organismo de control cuestionó la falta de soportes suficientes para demostrar las cargas laborales que justificaban recurrir a contratistas, además de señalar problemas de planeación y supervisión. La Procuraduría también advirtió que algunos documentos relacionados con la ejecución contractual podrían resultar insuficientes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. La Ley de Garantías, en el centro del debate La concentración de contratos del 30 de enero adquiere relevancia por su proximidad al inicio de las restricciones electorales. La Ley 996 de 2005 establece limitaciones a la contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, con el propósito de evitar que los recursos públicos se utilicen para favorecer campañas políticas. En 2026, las restricciones comenzaron el 31 de enero, cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo. Sin embargo, la cercanía de las firmas contractuales con esa fecha no demuestra, por sí misma, que se hayan cometido irregularidades. La determinación de eventuales responsabilidades requiere examinar las condiciones de cada contrato, la modalidad utilizada, su justificación y el cumplimiento de las normas aplicables. Los hallazgos divulgados dejan planteadas varias preguntas sobre la contratación en la Cancillería durante el Gobierno Petro: cómo se definieron las necesidades, qué criterios determinaron los valores, cuáles fueron los mecanismos de supervisión y si los recursos públicos se destinaron de manera adecuada. Las respuestas dependerán de la revisión de los expedientes y de las conclusiones a las que lleguen las autoridades competentes.