La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en Colombia. La iniciativa obtuvo el respaldo unánime de los 22 congresistas que participaron en la votación y ahora deberá continuar su trámite legislativo. La propuesta plantea incorporar un nuevo delito al Código Penal, denominado explotación reproductiva mediante maternidad subrogada, con el propósito de sancionar los acuerdos en los que una mujer lleva adelante un embarazo con el compromiso de entregar al recién nacido a otra persona o pareja después del parto. El texto contempla la prohibición tanto de los acuerdos remunerados como de aquellos realizados de manera gratuita, sin importar si se utilizan óvulos o espermatozoides de los futuros padres, de donantes o diferentes técnicas de reproducción asistida. Penas de hasta 16 años de prisión Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del artículo 188F del Código Penal, que establecería penas de entre 10 y 16 años de prisión, además de multas que oscilarían entre 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las sanciones estarían dirigidas a quienes organicen, promuevan, faciliten o financien acuerdos de gestación subrogada. También alcanzarían a las personas que recluten, contraten, trasladen o reciban mujeres con el propósito de que participen en estos procedimientos. La iniciativa incluye, además, a quienes promocionen estos servicios mediante publicidad física o digital, así como a agencias, intermediarios y organizaciones que ofrezcan contratos o paquetes médicos, turísticos y jurídicos relacionados con la práctica. El proyecto no establece diferencias entre los acuerdos comerciales y los realizados sin recibir dinero. Por tanto, la eventual responsabilidad penal no dependería de que exista una remuneración o compensación económica para la mujer gestante. Ocho circunstancias podrían aumentar las condenas El articulado también contempla ocho circunstancias de agravación punitiva que permitirían incrementar las penas hasta en la mitad. Entre los factores mencionados están el aprovechamiento de las condiciones de pobreza o vulnerabilidad de la mujer, la participación de menores de edad y la utilización de violencia, amenazas, engaños o abuso de poder para concretar los acuerdos. Las sanciones también podrían aumentar cuando intervengan profesionales de la salud, abogados, funcionarios públicos o servidores judiciales que faciliten estas prácticas. La utilización de clínicas de fertilidad, instituciones prestadoras de servicios de salud y redes nacionales o internacionales también figura entre los escenarios contemplados. Otro agravante estaría relacionado con la obtención de beneficios económicos o patrimoniales mediante estos procedimientos, así como con las restricciones a la libertad, movilidad, intimidad y capacidad de decisión de las mujeres involucradas. Las mujeres gestantes serían reconocidas como víctimas Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que las mujeres que hayan participado o se encuentren participando en acuerdos de maternidad subrogada serían reconocidas como víctimas y no tendrían responsabilidad penal por el delito que busca crear la iniciativa. De esta manera, las eventuales sanciones recaerían sobre quienes promuevan, contraten, financien o intervengan en los acuerdos. Asimismo, el proyecto establece que el Estado deberá garantizar atención médica, psicológica, jurídica y social a las mujeres involucradas, además de impulsar programas de inclusión social y laboral.
Cámara aprobó en primer debate el proyecto que penaliza la maternidad subrogada en Colombia
La iniciativa recibió 22 votos a favor y ninguno en contra en la Comisión Primera de la Cámara.

