El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) retirar de sus productos cartográficos la línea limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia que estaba sustentada en la Ordenanza 075 de 2009, declarada nula. Además, dispuso la entrega provisional de información catastral correspondiente a los predios ubicados en la zona de controversia. La determinación fue adoptada como medida cautelar dentro de una acción popular interpuesta por el Distrito de Barranquilla contra el IGAC, con la que busca proteger derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios públicos. En la providencia, con ponencia del magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo, el Tribunal concedió un plazo de 30 días al IGAC para modificar la información publicada en la plataforma Colombia en Mapas. La entidad deberá retirar la presentación de la línea derivada de la ordenanza anulada como única referencia oficial y publicar una nueva capa cartográfica que identifique la zona de límite en discusión. Allí tendrán que aparecer, con la misma jerarquía visual, las propuestas de delimitación de Barranquilla y Puerto Colombia consignadas en el acta del 20 de noviembre de 2025. La publicación también deberá incluir una advertencia expresa de que ninguna de las líneas representadas define el límite territorial ni establece una jurisdicción provisional sobre el área. Entrega de información catastral Otro de los puntos centrales de la decisión involucra al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), a la que el Tribunal le ordenó entregar al Distrito, en un plazo de 15 días, una copia completa y estructurada de la base catastral de los predios ubicados en el sector en disputa. La información deberá incluir los componentes físicos, jurídicos, económicos y geométricos de los inmuebles, así como sus avalúos, antecedentes y trámites vigentes. La entrega deberá realizarse mediante un canal seguro y bajo las especificaciones técnicas establecidas para el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC). Asimismo, el Área Metropolitana tendrá que reportar al Distrito las novedades que se presenten en ese segmento de información durante los primeros cinco días hábiles de cada mes. El Tribunal precisó que esta entrega provisional y sus respectivas actualizaciones deberán mantenerse hasta que el Congreso de la República determine mediante una ley el límite territorial definitivo.
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Medidas para evitar cobros duplicados La providencia también contempla instrucciones para las secretarías de Hacienda de Barranquilla y Puerto Colombia. Ambas administraciones deberán identificar los casos en los que se haya presentado doble facturación, fiscalización, pago o cobro de impuestos sobre un mismo inmueble y periodo. Para atender estas situaciones, tendrán que establecer un protocolo de coordinación que permita intercambiar documentos, informar a los contribuyentes y evitar actuaciones de cobro coactivo paralelas sin una revisión conjunta. La medida busca proteger los recursos públicos y prevenir afectaciones a los ciudadanos mientras persiste la controversia limítrofe, sin establecer por ahora cuál de las dos administraciones será la autoridad tributaria definitiva en los predios involucrados. Con estas disposiciones, el Tribunal busca garantizar el manejo de la información territorial y catastral durante el proceso de definición de los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, una controversia cuya resolución definitiva deberá pasar por el Congreso de la República.