La controversia alrededor de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, suma un nuevo capítulo. A los cuestionamientos por la presunta falsedad de su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia se agregan ahora señalamientos sobre la presentación de una tarjeta profesional que no habría sido expedida legalmente para respaldar su vinculación contractual con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). De acuerdo con documentos del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), el 11 de septiembre de 2025 Estrada presentó una solicitud para obtener la matrícula profesional como ingeniera de Minas y Metalurgia. Como soporte, adjuntó un acta de grado fechada el 16 de noviembre de 2021, supuestamente expedida por la Universidad Nacional. Sin embargo, al verificar la información con la institución educativa, el Consejo encontró que el nombre de la congresista no aparecía en los registros oficiales de graduados. La Universidad Nacional confirmó posteriormente que no encontró documentación que acreditara a Estrada como egresada de esa institución. Las inconsistencias llevaron al Copnia a advertir una posible adulteración del diploma y del acta de grado. El organismo notificó su decisión el 19 de noviembre de 2025 y negó la expedición de la matrícula profesional. Según la documentación conocida, la congresista no presentó recurso de apelación contra esa determinación, que posteriormente fue ratificada en segunda instancia. El caso también tuvo consecuencias en el ámbito judicial. El Consejo ordenó a su Secretaría Regional de Antioquia presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se investigaran las presuntas irregularidades y se reconociera al Copnia como parte interesada en el proceso. Pero el episodio adquiere mayor relevancia por la relación de estos documentos con un contrato suscrito por Estrada con la Dian. Según la información divulgada por Semana, la representante habría presentado una licencia profesional, supuestamente expedida por el Copnia, para acreditar su experiencia y respaldar su vinculación contractual. La polémica deja sobre la mesa preguntas sobre la autenticidad de los documentos presentados por la congresista y las posibles responsabilidades que podrían derivarse de su utilización.

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