Se acabó la ‘paz total’: Gobierno apuesta por el sometimiento judicial de los grupos armados

El Gobierno dio un giro a su estrategia frente a las organizaciones armadas ilegales con la radicación de un proyecto de ley que busca poner fin a la política de ‘paz total’ y reemplazarla por un modelo de sometimiento a la justicia ordinaria. La iniciativa propone que los grupos criminales puedan acceder a beneficios judiciales, pero sin negociaciones políticas ni condiciones pactadas con el Ejecutivo. La propuesta, presentada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia, Iván Cancino, pretende establecer un marco jurídico permanente para que estas estructuras se sometan voluntariamente a la Constitución y la ley. El Gobierno busca que el Congreso tramite el proyecto antes del 4 de noviembre de 2026, fecha en la que vencen varias disposiciones prorrogadas de la Ley 418. Uno de los principales argumentos para cambiar de estrategia es el crecimiento de las organizaciones armadas. Según cifras citadas de la Fundación Ideas para la Paz, basadas en datos del Ministerio de Defensa, sus integrantes pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a cerca de 28.802 en julio de 2026, un incremento aproximado del 90 %. El proyecto contempla rebajas de hasta el 50 % de las penas para quienes contribuyan de manera verificable al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las estructuras. Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la reducción sería del 30 %, con una pena mínima de diez años. La iniciativa también abre la posibilidad de cumplir las condenas en colonias agrícolas, centros de arraigo transitorios y cárceles productivas, siempre que se garantice la restricción efectiva de la libertad. Asimismo, plantea eliminar la exclusión general de beneficios para condenados por reclutamiento ilícito de menores y reemplazarla por una evaluación individual, bajo control judicial y con exigencias relacionadas con la identificación y entrega de los menores reclutados. Otro punto central es que el sometimiento no implicaría suspender las operaciones de la Fuerza Pública, las órdenes de captura ni las extradiciones. Los grupos podrían decidir si aceptan la oferta estatal, pero no negociar las condiciones jurídicas establecidas por el Congreso. El modelo tendría una vigencia de diez años e incluiría una intervención integral en los territorios afectados por la violencia, con medidas de seguridad, acceso a la justicia, desarrollo económico y sustitución de economías ilícitas. La iniciativa ahora deberá superar el debate legislativo. Entre los asuntos que podrían generar mayor controversia están las rebajas de penas, los beneficios para responsables de reclutamiento de menores y la financiación de los programas previstos.