La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, enfrenta cuestionamientos por presuntas instrucciones para modificar la calificación jurídica de los delitos imputados a 11 integrantes de la llamada primera línea en Bogotá, investigados por hechos violentos contra el sistema de transporte público y otros espacios de la ciudad. Según una investigación publicada por Semana, durante una reunión realizada en junio de 2026, directivos de la Fiscalía habrían planteado cambiar el delito de terrorismo por el de asonada. La propuesta habría generado desacuerdos con las fiscales encargadas del expediente, quienes se opusieron a modificar la acusación. En el encuentro también se habría planteado la posibilidad de acudir a un principio de oportunidad para favorecer a los procesados. Sin embargo, las propuestas no habrían contado con el respaldo de las funcionarias responsables de la investigación. Posteriormente, mediante la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, firmada por Camargo, el expediente fue trasladado a otro despacho de la Fiscalía. La decisión se produjo después de las diferencias sobre el tratamiento judicial que debía darse al caso. La investigación contra los 11 señalados se relaciona con ataques a buses y estaciones de TransMilenio, destrucción de infraestructura pública y amenazas contra ciudadanos. Los elementos recopilados durante más de dos años habrían incluido registros audiovisuales, interceptaciones y otros materiales probatorios.
Tras el traslado del expediente, la Fiscalía avanzó en la negociación de acuerdos judiciales con los procesados. Las condiciones contemplarían penas de entre cinco y siete años de prisión. En algunos casos se habría retirado el delito de terrorismo y, en otros, reducido la responsabilidad penal de autores a cómplices. TransMilenio y la Universidad Nacional, reconocidos como víctimas dentro del proceso, manifestaron reparos frente a las negociaciones y acudieron a una acción de tutela para conocer los alcances de los acuerdos y cuestionar las condiciones en que fueron presentados. Otro de los puntos que generó controversia fue el tiempo concedido a las víctimas para revisar las propuestas. De acuerdo con la publicación, la Fiscalía les habría informado con apenas 12 horas de anticipación sobre la presentación de los acuerdos ante la autoridad judicial. La audiencia se realizó de manera reservada por solicitud de la defensa. De los 11 procesados, siete aceptaron los cargos contemplados en la negociación, mientras que la decisión generó cuestionamientos por parte de las víctimas. El caso abre un nuevo debate sobre los criterios de la Fiscalía para diferenciar los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones sociales de las conductas que pueden constituir delitos de terrorismo, así como sobre la autonomía de los fiscales encargados de las investigaciones.
