Las actuaciones de Juliana Guerrero durante el Gobierno de Gustavo Petro vuelven al centro del debate tras conocerse nuevas revelaciones sobre su participación en reuniones oficiales del Ministerio de la Igualdad y del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad). Según documentos divulgados por la revista Semana, un acta del 13 de junio de 2025 registra la asistencia de Guerrero a la quinta sesión del Consejo Directivo de FonIgualdad. En el documento aparece identificada como jefa de gabinete presidencial del despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti. Durante la reunión, Guerrero habría solicitado informes sobre el cumplimiento de las directrices impartidas por el presidente y la ejecución presupuestal de la entidad. También manifestó preocupación por los bajos niveles de ejecución de los recursos y propuso cambios en el mecanismo de votación de las decisiones del consejo.
Uno de los aspectos que genera interrogantes es la identificación de Guerrero en el acta. Aunque inicialmente aparece vinculada al Ministerio del Interior, en la parte final del documento, donde figura su firma, se presenta como asesora de la jefatura de la Presidencia de la República. Esta situación plantea dudas sobre las funciones que desempeñaba y los cargos que ocupaba en ese momento. El documento también registra la participación de su hermana, Verónica Guerrero, como asesora del director de FonIgualdad. Su presencia se suma a los cuestionamientos sobre la estructura administrativa y el funcionamiento de esta entidad durante la anterior administración. El caso adquiere mayor relevancia luego de que Juliana Guerrero fuera condenada a tres años de prisión por fraude procesal, tras aceptar su responsabilidad en el uso de títulos universitarios falsos para acceder a cargos públicos.
Las revelaciones se producen en medio de otros cuestionamientos sobre la gestión del Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con la información publicada por Semana, durante el proceso de revisión de la entidad se identificaron cientos de cargos eliminados o cuestionados, retrasos en obligaciones laborales, deudas por servicios y arrendamientos, además de programas sociales sin financiación suficiente para las vigencias de 2026 y 2027. También se reportaron donaciones almacenadas que no habrían llegado a las comunidades beneficiarias y cuyo valor se habría reducido considerablemente por el deterioro de los artículos. Los documentos conocidos reabren el debate sobre el manejo administrativo de FonIgualdad, la asignación de funciones dentro del Ejecutivo y los controles sobre los recursos públicos. Las responsabilidades específicas relacionadas con estos hallazgos deberán establecerse a partir de las actuaciones y verificaciones de las autoridades competentes.