¿Abelardo traicionó su promesa?

¿El presidente Abelardo De La Espriella incumplió su promesa de no aumentar los impuestos o encontró unas finanzas públicas tan desastrosas que terminó obligado a hacer exactamente lo que había prometido evitar? Esa es la pregunta que empieza a marcar el rumbo de su Gobierno. Porque la reforma tributaria que acaba de presentar al Congreso podría convertirse en el primer gran desgaste político de un presidente que apenas lleva poco más de 80 días en el poder. Y para entender la dimensión del problema hay que examinar las cifras. Colombia enfrenta una de las crisis fiscales más graves de los últimos 30 años. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta un déficit del 7,8 % del PIB para 2026 y del 9,5 % para 2027 si no se adoptan medidas correctivas. La deuda neta podría alcanzar el 67,4 % del PIB. Mientras tanto, el Estado recibe aproximadamente 29 billones de pesos mensuales y gasta más de 40 billones. Solamente el servicio de la deuda para 2027 está presupuestado en 155,4 billones de pesos. Son cifras que explican por qué el Gobierno tiene tan poco margen de maniobra. De La Espriella recibió una situación fiscal profundamente deteriorada después de cuatro años de administración de Gustavo Petro. Un desequilibrio de semejante magnitud no se corrige únicamente reduciendo ministerios, eliminando cargos o suprimiendo contratos. Se necesita una combinación de austeridad, mayores ingresos y recuperación del crecimiento económico. Pero aquí comienza el problema político. El presidente prometió durante su campaña que no aumentaría los impuestos. Sin embargo, su Ley de Rescate Económico contempla modificaciones que afectarían directamente el bolsillo de millones de colombianos. El IVA de productos como café, azúcar, avena y determinadas harinas pasaría del 5 % al 19 %. Numerosas frutas y verduras perderían sus exclusiones tributarias. También habría mayores cargas sobre combustibles, compras internacionales, vehículos eléctricos, licores y cigarrillos. El contraste resulta particularmente delicado porque, mientras aumentaría la tributación sobre numerosos productos de consumo cotidiano, el Gobierno propone reducir progresivamente el impuesto de renta empresarial del 35 % al 31 %. Hay, sin embargo, una medida compensatoria que debe reconocerse. El proyecto contempla devolver la totalidad del IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos y hasta el 50 % a otros 16,5 millones. Su verdadero impacto dependerá de que esas devoluciones funcionen correctamente y lleguen a quienes las necesitan. Ahora bien, una cosa es presentar una reforma tributaria y otra muy distinta conseguir que el Congreso la apruebe. El proyecto tendrá que superar una discusión legislativa particularmente difícil. El Pacto Histórico seguramente ejercerá una oposición encarnizada contra los aumentos tributarios, especialmente aquellos que afectan el consumo. Pero las resistencias también podrían aparecer dentro de los sectores políticos que respaldaron la elección de De La Espriella. El Gobierno tendrá que negociar, modificar artículos y probablemente renunciar a algunas de sus pretensiones iniciales. Por eso sería equivocado presentar hoy todos esos impuestos como decisiones definitivas. Son propuestas que todavía deben superar el trámite legislativo. Y aquí aparece una paradoja política extraordinaria: sectores que respaldaron aumentos tributarios durante el gobierno Petro podrían terminar rechazándolos bajo De La Espriella, mientras el presidente que prometió reducir impuestos tendría que defender una reforma que contempla incrementarlos. Pero el mayor riesgo no está exclusivamente en el Congreso. Está en la credibilidad presidencial. Si el Gobierno consigue demostrar que primero redujo el gasto improductivo, eliminó privilegios y agotó las posibilidades de austeridad, tendrá argumentos para justificar decisiones impopulares. Si, por el contrario, los colombianos perciben que el ajuste termina concentrándose en sus bolsillos mientras el aparato estatal conserva sus excesos, la luna de miel presidencial podría terminar anticipadamente. De La Espriella enfrenta una disyuntiva compleja. Una reforma excesivamente dura puede deteriorar el consumo, alimentar la inflación y erosionar su respaldo político. Pero una reforma demasiado debilitada durante su trámite legislativo podría resultar insuficiente para estabilizar la deuda y recuperar la confianza de los mercados. La conclusión es que no sería justo responsabilizar al nuevo Gobierno por una crisis fiscal que recibió, pero tampoco sería correcto eximirlo de responsabilidad por la manera como decida enfrentarla. El verdadero liderazgo económico no consiste simplemente en conseguir más recaudo. Consiste en distribuir los sacrificios con equidad, demostrar resultados y proteger la capacidad productiva del país. Abelardo De La Espriella tendrá que probar que su reforma responde a una necesidad fiscal inevitable y no a la salida más fácil para conseguir recursos. Porque los colombianos pueden comprender que un presidente cambie sus decisiones ante una realidad más grave de la prevista. Lo que difícilmente aceptarían es que cambie sus promesas sin demostrar primero que agotó todas las alternativas. Y es que en política, nada es casualidad.