La discusión sobre el funcionamiento y los costos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve a tomar fuerza tras los cuestionamientos al uso de recursos públicos relacionados con las sanciones propias y la defensa jurídica de exintegrantes de las extintas FARC. Uno de los puntos que genera controversia es el convenio suscrito entre la JEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La jurisdicción destinó $30.000 millones para proyectos restaurativos relacionados con órdenes judiciales de la JEP. En julio de 2026, la propia jurisdicción aprobó los criterios para distribuir esos recursos entre iniciativas vinculadas con sanciones propias, TOAR y otras medidas de contribución a la reparación. Aquí aparece una de las principales preguntas del debate: ¿hasta dónde debe llegar la financiación estatal de los mecanismos creados para ejecutar las sanciones de quienes reconocieron responsabilidad ante la justicia transicional? Las sanciones propias de la JEP no equivalen a una pena ordinaria de prisión. De acuerdo con la propia jurisdicción, quienes reciben este tipo de sanciones deben cumplir trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador, acompañados de restricciones a sus libertades y derechos. En el caso del antiguo Secretariado de las FARC, la JEP impuso en 2025 la máxima sanción propia, de ocho años de trabajo restaurativo. El modelo ha generado críticas especialmente cuando se contrasta el dinero que el Estado destina al funcionamiento del sistema con las obligaciones de reparación que deben cumplir los comparecientes.
Otro frente de controversia son los recursos destinados a la defensa jurídica. La cifra de $40.365 millones ha sido expuesta por la senadora María Clara Posada como el monto destinado a convenios relacionados con la defensa de exintegrantes de las FARC. Esa cifra ha sido cuestionada políticamente, mientras que la JEP sostiene que garantizar la defensa técnica forma parte del debido proceso y que los convenios incluyen asesoría jurídica y otros componentes de acompañamiento.
El contraste resulta especialmente polémico porque, según las cifras presentadas públicamente en el actual debate, la defensa jurídica y los recursos asociados a proyectos restaurativos representan decenas de miles de millones de pesos del presupuesto público. Sin embargo, hay que hacer una precisión importante: no es correcto afirmar que los $30.000 millones del convenio con el PNUD sean exclusivamente para “implementar los proyectos productivos de las FARC”. La documentación de la JEP señala que esos recursos tienen un alcance más amplio y están destinados a proyectos restaurativos derivados de órdenes judiciales, incluyendo sanciones propias y otras medidas de reparación. La controversia también alcanza la entrega de bienes de las extintas FARC destinados a la reparación. En los últimos días, diferentes sectores políticos han cuestionado los niveles de cumplimiento y han utilizado estas cifras para exigir mayores controles sobre el patrimonio que debía entrar al proceso de reparación de las víctimas. No obstante, las cifras específicas de $46.194 millones entregados y de 81,8 % y 96,5 % de incumplimiento mencionadas en el planteamiento inicial requieren ser respaldadas por el informe oficial correspondiente antes de presentarlas como datos definitivos.
Lo que sí está documentado es que la discusión sobre los bienes de las FARC continúa siendo uno de los puntos sensibles del proceso de implementación del Acuerdo de Paz. El debate enfrenta dos visiones: por un lado, quienes defienden que el Estado debe garantizar los mecanismos necesarios para ejecutar las decisiones de la justicia transicional; por otro, quienes consideran que el costo para el contribuyente debe guardar una relación mucho más clara con las obligaciones económicas y restaurativas de los responsables. La JEP, por su parte, sostiene que las sanciones propias tienen una finalidad restaurativa y buscan que los responsables contribuyan a reparar a las víctimas, reconstruir los territorios afectados y garantizar la no repetición. La pregunta que queda sobre la mesa es incómoda pero legítima: ¿cuánto dinero público debe seguir destinándose al funcionamiento de un modelo de justicia transicional mientras las víctimas continúan esperando que las obligaciones de reparación se materialicen? Ese es precisamente uno de los puntos que deberá responderse con cifras verificables, rendición de cuentas y seguimiento al cumplimiento efectivo de las sanciones.
