Tutelas show

Si a la oposición no le gusta lo que dice el Gobierno, ahora parece tener una solución: poner una tutela. No importa que Colombia tenga más de un millón de tutelas al año. No importa que miles de ciudadanos tengan que acudir a un juez para reclamar medicamentos, tratamientos médicos, pensiones, respuestas de entidades públicas o la protección urgente de derechos fundamentales. Parte de la pelea política contra el Gobierno de Abelardo De la Espriella también está terminando en los despachos judiciales. Y algunos casos son difíciles de creer. Miguel Ángel Grisales, representante a la Cámara del Pacto Histórico, presentó una tutela después de que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dijera que quería llamar a los campesinos “pequeños empresarios del campo” y calificara la palabra campesino como despectiva. Una jueza terminó ordenándole ofrecer disculpas y reconocer públicamente la condición constitucional del campesinado. Sí. Un congresista de oposición llevó ante un juez una controversia por las palabras utilizadas por un ministro. Pero no es el único caso. También se ha recurrido a la tutela para discutir las manifestaciones religiosas del presidente Abelardo De la Espriella. Un juez llegó a ordenarle abstenerse, cuando actúe como presidente, de participar en actos religiosos que impliquen la identificación del Estado con una confesión determinada. Y hasta las fotografías de delincuentes muertos en operaciones de la Fuerza Pública terminaron convertidas en un pleito constitucional. Una tutela buscó impedir que Presidencia divulgara imágenes de cadáveres dentro de bolsas forenses. Hubo una restricción provisional, pero al resolver el fondo otro juez negó las pretensiones. Ese es precisamente el problema. La tutela fue creada para proteger derechos fundamentales de manera inmediata, no para convertir cada controversia política, cada declaración incómoda, cada símbolo y cada fotografía del Gobierno en un nuevo expediente judicial. En 2025 Colombia superó 1,2 millones de acciones de tutela. Detrás de buena parte de ellas hay personas intentando conseguir una cita médica, un medicamento, una cirugía o simplemente que una entidad estatal les responda. Frente a esa realidad resulta legítimo preguntarse si la oposición está utilizando con suficiente responsabilidad un mecanismo judicial que ya soporta una carga gigantesca. El Pacto Histórico tiene derecho a oponerse al Gobierno. Sus congresistas pueden debatir al ministro, citarlo a control político, denunciarlo públicamente y confrontar sus decisiones. Eso hace una oposición. Pero convertir una pelea semántica sobre si alguien debe llamarse “campesino” o “pequeño empresario del campo” en un asunto que necesita la intervención urgente de un juez constitucional merece otra discusión. Porque una cosa es controlar al poder y otra muy distinta pretender judicializar la política. Y cuando cada declaración presidencial termina en un juzgado, el riesgo es evidente: los jueces comienzan a convertirse en árbitros de controversias que muchas veces deberían resolverse en el Congreso y frente a los ciudadanos. La oposición tiene todo el derecho a hacer oposición. Lo que debería explicar es por qué algunas de sus batallas necesitan jueces para producir el impacto político que no consiguen por sí solas. Mientras un colombiano utiliza la tutela porque necesita que le autoricen un tratamiento, otros descubrieron que también puede servir para conseguir un titular. Y esa sí es una discusión que el país debería dar. La justicia está para proteger derechos, no para producir contenido político. Y es que en política, nada es casualidad.