Una declaración reservada de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a generar cuestionamientos sobre la forma en que se negociaron las sanciones para los integrantes de la extinta Farc-EP. El contenido de la audiencia, realizada el 14 de febrero de 2019 y presidida por la magistrada Julieta Lemaitre, fue divulgado por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático. Según la congresista, durante la diligencia Londoño se refirió a los secuestros, al proceso de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos y al papel de la propia JEP. Uno de los apartados que más controversia ha provocado corresponde a las afirmaciones de Timochenko sobre el trato que recibían las personas secuestradas por la guerrilla. En su declaración, sostuvo que existían instrucciones internas para garantizar determinadas condiciones a los retenidos y negó que se hubiera permitido la tortura. Según el contenido divulgado, Londoño afirmó que existían criterios para garantizar alimentación y buen trato a los secuestrados, además de señalar que las agresiones físicas estaban prohibidas dentro de la organización. Estas afirmaciones han sido cuestionadas debido a los numerosos testimonios, investigaciones y decisiones judiciales que documentan las condiciones de cautiverio y las graves afectaciones sufridas por las personas secuestradas durante el conflicto armado. Las penas y la negociación de paz Otro de los apartados revelados está relacionado con las conversaciones que terminaron dando forma al acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc. Londoño relató ante la JEP sus preocupaciones frente a la posibilidad de que los integrantes de la organización fueran enviados a prisión una vez firmado el acuerdo. Según su versión, durante las negociaciones se discutió la responsabilidad de los diferentes actores del conflicto y no únicamente la de la guerrilla. El excomandante también hizo referencia a una conversación en la que, según relató, se habría planteado la posibilidad de establecer sanciones menos severas y cumplirlas en Cuba.
La frase atribuida a Londoño es uno de los elementos que más ha llamado la atención de la declaración: “unas penas más suaves y las pagan aquí en La Habana”. De acuerdo con su relato, el tiempo que los integrantes de las Farc ya habían permanecido en Cuba podría ser contabilizado dentro de las sanciones que eventualmente se establecieran. El contenido de esta declaración vuelve a poner bajo la lupa el modelo de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz y, especialmente, las sanciones propias de la JEP, que no corresponden necesariamente a penas tradicionales de prisión para quienes cumplen con las condiciones establecidas por el sistema. “Una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir” Londoño también se refirió directamente a la JEP y a la participación que tuvo la antigua guerrilla en el diseño del modelo de justicia derivado del acuerdo de paz. En la audiencia, según los fragmentos divulgados, afirmó: “¿Cómo nosotros vamos a atacar, a desconocer o a descalificar una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir?”. La declaración ha sido utilizada por sus críticos para cuestionar la independencia y el diseño del sistema de justicia transicional, mientras que la JEP sostiene que su función está determinada por el marco constitucional y legal establecido después del acuerdo de paz. Críticas desde el Centro Democrático La senadora María Clara Posada calificó las declaraciones como un elemento que debe ser conocido por la opinión pública y cuestionó el modelo de justicia aplicado a los antiguos integrantes de las Farc. La congresista sostuvo que la JEP habría terminado favoreciendo a la antigua guerrilla y cuestionó la ausencia de penas tradicionales de prisión, así como los resultados relacionados con la entrega de bienes, las rutas del narcotráfico y la reparación de las víctimas. Las declaraciones de Timochenko reavivan así una discusión que permanece abierta en Colombia: hasta dónde deben llegar las sanciones dentro de la justicia transicional y si las condiciones acordadas con las Farc han respondido de manera suficiente a las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas. La controversia cobra especial relevancia en momentos en que el futuro de la JEP y sus recursos vuelve a ser objeto de debate político en el Congreso y entre distintos sectores de la sociedad.