Terror sin concesiones

¿A quién le puede incomodar tanto que el Estado colombiano tenga las herramientas para aplastar al terrorismo? Esa es la pregunta que debería responder Iván Cepeda y el Pacto Histórico antes de salir a combatir el estatuto antiterrorista del presidente Abelardo de la Espriella. Porque mientras la izquierda discute cómo limitar la respuesta del Estado, los criminales llevan años imponiendo sus propias leyes a punta de fusil, secuestros, extorsiones y asesinatos. ¡En Colombia llegamos al absurdo de que los terroristas parecen tener más libertad para actuar que las autoridades para combatirlos! El país enfrenta una criminalidad que aprendió a utilizar drones, controlar poblaciones enteras y financiar verdaderos ejércitos con las fortunas del narcotráfico y la minería ilegal. Según las cifras que se han puesto sobre la mesa, cerca de 30.000 integrantes de organizaciones armadas ilegales tienen presencia en más de 500 municipios. En muchos de esos territorios, la autoridad civil ha sido desplazada por estructuras que decretan paros armados, restringen la movilidad, cobran extorsiones y deciden quién puede trabajar, comerciar o simplemente salir de su casa. Eso tiene un nombre: pérdida de soberanía territorial. Y buena parte de este desastre obliga a examinar el fracaso de la paz total de Gustavo Petro. Mientras el Gobierno multiplicaba las mesas de negociación, estructuras como las de Iván Mordisco y Calarcá conservaron capacidad para reclutar, financiarse y disputar territorios. La promesa de desescalar la violencia terminó enfrentada a una realidad brutal: los grupos armados encontraron oportunidades para fortalecerse mientras el Estado apostaba por negociar. La paz no puede convertirse en una licencia para delinquir. Ahora aparece Iván Cepeda cuestionando el endurecimiento de las herramientas jurídicas contra el terrorismo. Tiene derecho a oponerse, pero también la obligación política de explicar qué alternativa propone frente a organizaciones que han demostrado su capacidad para desafiar al Estado. Porque después de los resultados de la paz total, insistir en fórmulas que no lograron contener la expansión criminal exige algo más que discursos sobre la negociación. El estatuto antiterrorista merece una discusión rigurosa en el Congreso, pero también una decisión firme. Colombia necesita inteligencia, capacidad militar, persecución de las finanzas criminales y herramientas judiciales eficaces. La contundencia no exige renunciar a la Constitución ni al debido proceso. Exige que la ley deje de ser impotente frente a quienes la desafían con las armas. Un Estado que negocia sin capacidad de imponer la ley termina negociando su propia autoridad. Y una democracia que pierde el control de su territorio comienza a perder también la libertad de sus ciudadanos. La paz es una obligación del Estado, pero jamás puede significar la rendición del Estado. A los criminales se les puede ofrecer una salida legal; lo que no se les puede entregar es el derecho a gobernar por encima de la República. Colombia no necesita un Estado que les pida permiso a los violentos para ejercer autoridad. Necesita uno que les quite el poder de decidir sobre la vida de los colombianos. Y es que en política, nada es casualidad.