El llamado tarimazo del 21 de junio de 2025 volvió al centro de la controversia política. Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, cuestionó en una entrevista el episodio en el que el entonces presidente Gustavo Petro compartió escenario con cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, durante un acto público en la Plazoleta de La Alpujarra.
Villa sostuvo que aquel evento simbolizó, a su juicio, los peores errores del gobierno Petro en materia de seguridad. El funcionario acusó a la administración anterior de favorecer un acercamiento con organizaciones criminales que, según su interpretación, debilitó el principio de autoridad y envió una señal equivocada a las víctimas y a la ciudadanía.
El secretario también denunció que varios de los jefes delincuenciales disfrutaban de condiciones privilegiadas en prisión. Aseguró que se registraban fiestas, ingreso de licor y drogas y otras irregularidades. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos del funcionario y requieren distinguirse de las responsabilidades que hayan sido establecidas por las autoridades.
En contraste, Villa celebró la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de trasladar a varios de esos cabecillas a otros centros penitenciarios. Según explicó, el propósito es separarlos y dificultar que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.
La controversia deja una discusión de fondo: hasta dónde puede llegar un Gobierno en sus acercamientos con organizaciones armadas o delincuenciales sin debilitar la autoridad del Estado. Negociar con estructuras criminales puede formar parte de una estrategia de seguridad, pero la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados verificables, controles penitenciarios y garantías para las víctimas.
El tarimazo sigue siendo un símbolo político de esa tensión. La evaluación de la política de paz total no depende únicamente de las intenciones declaradas por sus promotores, sino de sus consecuencias concretas sobre la seguridad y el control de las organizaciones criminales.