Consejo de Estado se prepara para decidir si tumba el aumento del salario mínimo de 2026: Fenalco insiste en que se anule

El Consejo de Estado avanza hacia una decisión de fondo sobre la legalidad del aumento del salario mínimo para 2026, fijado en 23 % mediante el Decreto 1469 de 2025. El proceso, que ha generado una fuerte controversia entre el Gobierno, los trabajadores y los gremios empresariales, se encuentra actualmente en su etapa definitiva. Con el incremento, el salario mínimo mensual quedó establecido en $1.750.905, una cifra que reciben cerca de 2,4 millones de trabajadores en Colombia. El tribunal cerró recientemente la etapa de pruebas, acumuló las demandas presentadas contra el decreto y determinó que el caso avance hacia una sentencia anticipada. Antes de que se conozca el fallo, deberán surtirse los alegatos finales y el concepto del Ministerio Público. Fenalco insiste en que el aumento debe ser anulado Uno de los principales demandantes es Fenalco, gremio que mantiene su solicitud para que el Consejo de Estado declare la nulidad del Decreto 1469 de 2025. La organización sostiene que el Gobierno no habría explicado de manera suficiente cómo fueron evaluados los diferentes factores que, de acuerdo con la legislación colombiana, deben tenerse en cuenta al momento de definir el salario mínimo. Entre esos elementos se encuentran la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ha defendido la posición del gremio y sostiene que el Ejecutivo no puede apartarse de los parámetros establecidos por la ley para determinar el incremento anual. Para Fenalco, si esos criterios no fueron considerados de manera adecuada, existirían fundamentos jurídicos para que el Consejo de Estado deje sin efecto el decreto. El debate por el llamado “salario vital” Otro de los puntos centrales de la controversia es el concepto de “salario vital”, utilizado por el Gobierno como uno de los referentes para sustentar el incremento. Fenalco cuestiona que esta figura haya tenido un peso determinante en la decisión y señala que la estimación utilizada, cercana al 22,7 %, provino de un estudio relacionado con funcionarios o colaboradores de la Organización Internacional del Trabajo. Para el gremio, dicho estudio no constituye una norma de obligatorio cumplimiento y, por lo tanto, no podía reemplazar los criterios establecidos expresamente por la legislación colombiana para definir el salario mínimo. La coincidencia entre esa estimación y el aumento finalmente decretado, que fue del 23 %, se convirtió en uno de los principales argumentos dentro de la controversia judicial. El antecedente que mantiene abierta la discusión La discusión no comenzó con el proceso actual. En febrero de 2026, el Consejo de Estado había suspendido provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 y ordenado al Gobierno presentar una nueva decisión con una justificación económica más detallada. Entre los aspectos que debían ser considerados estaban la meta de inflación fijada por el Banco de la República y los indicadores de productividad. En respuesta, el Gobierno expidió el Decreto 159 de 2026, mediante el cual mantuvo de manera transitoria el mismo porcentaje de incremento. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la suspensión provisional, al considerar que no estaba acreditado un perjuicio concreto derivado de la aplicación del decreto. Sin embargo, esa decisión no resolvió el asunto principal. La discusión sobre si el aumento del 23 % se ajustó o no a las normas continuará hasta que el tribunal emita su sentencia definitiva. ¿Qué puede pasar con el salario mínimo? Por ahora, el salario mínimo de $1.750.905 continúa vigente y los trabajadores no deben modificar el valor que reciben por concepto de salario como consecuencia de la existencia de este proceso judicial. Fenalco ha insistido, además, en que una eventual nulidad del decreto no implicaría que los trabajadores tengan que devolver los recursos que ya recibieron durante 2026. El gremio argumenta que existen antecedentes en los que el Consejo de Estado ha protegido situaciones jurídicas ya consolidadas. Entre ellos se encuentra una decisión de 2017 relacionada con un decreto de salario mínimo que fue anulado por problemas en su motivación, pero cuyos salarios ya devengados fueron protegidos. Ahora, el Consejo de Estado deberá determinar si el Decreto 1469 de 2025 cumplió con las exigencias legales y si el concepto de salario vital podía ser utilizado como elemento determinante para establecer el aumento. La decisión será relevante no solo para definir la situación jurídica del incremento aplicado durante 2026, sino también porque podría establecer nuevos criterios sobre la manera en que el Gobierno deberá justificar futuros aumentos del salario mínimo. El fallo también podría convertirse en un antecedente clave para la discusión del salario mínimo de 2027, en momentos en que empresarios, trabajadores y Gobierno volverán a enfrentarse en torno al porcentaje de incremento.