Sometimiento de bandas: extradición no se suspenderá y habrá nuevas condiciones para beneficios

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales, con el que busca reemplazar el esquema de “paz total” implementado durante la administración anterior. La iniciativa establece condiciones diferentes para los integrantes de grupos armados ilegales que decidan abandonar las actividades criminales. Entre ellas aparece una disposición relacionada con las víctimas, quienes podrán emitir un concepto favorable o desfavorable frente a la posibilidad de que los responsables accedan a beneficios como la libertad condicional o la suspensión de la pena. El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el concepto de la víctima sería un requisito adicional a las condiciones establecidas en la legislación ordinaria. Según señaló, si la víctima se opone, no procedería el beneficio. El proyecto también contempla reducciones de pena de hasta el 50 % para integrantes rasos de las organizaciones y de hasta el 30 % para cabecillas y máximos responsables. Las extradiciones no serán suspendidas Uno de los principales cambios frente a mecanismos utilizados en anteriores procesos de sometimiento está relacionado con las órdenes de captura y las solicitudes de extradición. De acuerdo con lo explicado por Cancino, quienes tengan una solicitud de extradición no obtendrán la suspensión de ese procedimiento por el hecho de acogerse al nuevo mecanismo. La persona tendría que cumplir primero con la extradición y posteriormente podría resolver su situación jurídica en Colombia. El proyecto también excluiría a quienes ya estén bajo custodia del Estado. Es decir, las personas capturadas no podrían utilizar esta figura para acceder a los beneficios previstos. Entrega total de bienes ilegales Otra de las condiciones planteadas es la entrega de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. La propuesta no contemplaría que los integrantes de las organizaciones criminales conserven un porcentaje de esos recursos. Según el ministro de Justicia, si posteriormente se determina que los sometidos ocultaron bienes, podrían perder los beneficios y quedar sometidos a la justicia ordinaria. Deberán revelar posibles nexos políticos El proyecto también incluye una obligación relacionada con los vínculos entre organizaciones criminales y sectores políticos. Según lo reportado sobre la iniciativa, quienes busquen acogerse al mecanismo deberán revelar los nexos políticos que hayan mantenido. La omisión de esa información podría significar la pérdida de los beneficios y el traslado del caso a la justicia ordinaria si posteriormente se descubren esos vínculos. Este punto hace parte de las disposiciones que el Gobierno pretende incorporar a la reforma de la Ley 418. Sin mesas de negociación ni estatus político El ministro Cancino ha señalado que el nuevo esquema no contempla la creación de mesas de diálogo ni el reconocimiento de un estatus político para las organizaciones criminales. La propuesta tampoco establecería zonas de concentración prolongada. De acuerdo con la explicación del Gobierno, podría existir una localización temporal de hasta tres meses mientras la Fiscalía y un juez determinan la situación jurídica de quienes pretendan acogerse al mecanismo. Además, desaparecería la figura de los voceros de paz utilizada durante el Gobierno anterior. Una solicitud desde la Costa Caribe En medio de la discusión sobre el nuevo mecanismo, Digno José Palomino Rodríguez, señalado como jefe de la organización criminal conocida como “los Pepes”, manifestó su intención de someterse a la justicia. El pasado 1 de septiembre, Palomino envió una comunicación al presidente Abelardo de la Espriella desde la cárcel La Picota, en la que expresó su disposición a abandonar la violencia, aportar al esclarecimiento de los hechos y reparar a las víctimas. La Presidencia trasladó la solicitud a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que sea evaluada dentro de sus respectivas competencias. La organización “los Pepes” ha sido señalada por autoridades de estar relacionada con delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico en la Costa Caribe. ¿Qué contempla el proyecto? Rebajas de hasta el 50 % de la pena para integrantes rasos. Rebajas de hasta el 30 % para cabecillas y máximos responsables. No se suspenderían las órdenes de captura ni las solicitudes de extradición. Los bienes obtenidos ilegalmente tendrían que ser entregados en su totalidad. Los sometidos tendrían que revelar posibles nexos con políticos. Las personas que ya estén bajo custodia del Estado no podrían acogerse al mecanismo. Las víctimas tendrían participación frente a determinados beneficios penitenciarios. No se contemplarían mesas de negociación ni reconocimiento de estatus político.