¿Se caerá la reforma pensional? La Corte ante el reto de decidir si coima de Iván Name vició el trámite

La reforma pensional abrió un nuevo capítulo jurídico luego de que Simón Molina Gómez, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, presentara ante la Corte Constitucional un memorial para que el alto tribunal examine si las actuaciones de Iván Name, cuando era presidente del Senado, pudieron tener alguna incidencia en el trámite de la Ley 2381 de 2024. La solicitud fue radicada el 29 de septiembre y toma como referencia una reciente decisión del Consejo de Estado que decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura de Name por la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado. La providencia corresponde al 25 de septiembre de 2026 y todavía puede ser apelada. El memorial de Molina no constituye una nueva demanda de inconstitucionalidad ni pretende modificar la Sentencia C-264 de 2026. Su propósito es que la Corte tenga en cuenta la nueva decisión judicial y determine si los hechos establecidos por el Consejo de Estado pueden ser relevantes dentro de los procesos de constitucionalidad que aún estén habilitados. El papel de Iván Name durante el trámite Uno de los elementos señalados en el documento está relacionado con 16 sesiones plenarias del Senado en las que se tramitó la reforma pensional. De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado, en 14 de esas sesiones Name no dirigió integralmente la plenaria o cedió la conducción a otros integrantes de la Mesa Directiva. El tribunal también analizó testimonios, registros de las sesiones y otras pruebas trasladadas de actuaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia. Entre los testimonios valorados estuvieron los de Olmedo López y Sandra Ortiz. Según la providencia, estos elementos fueron relacionados con un acuerdo que, de acuerdo con las pruebas examinadas por el Consejo de Estado, habría contemplado la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado para favorecer el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno. El Consejo de Estado concluyó que la conducta de Name constituyó tráfico de influencias debidamente comprobado. La reforma todavía tiene asuntos pendientes El nuevo debate llega mientras la reforma pensional mantiene un trámite pendiente en la Cámara de Representantes. En la Sentencia C-264 de 2026, la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, pero ordenó devolver nueve artículos o apartes y una proposición para un artículo nuevo con el fin de subsanar los trámites correspondientes. La Corte estableció un plazo máximo de 30 días hábiles para que la plenaria de la Cámara adelante la subsanación y posteriormente remita las actas y demás documentos pertinentes para que el alto tribunal adopte una decisión definitiva sobre las disposiciones devueltas. La misma sentencia fijó el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las disposiciones declaradas exequibles. La vigencia de los apartes que fueron devueltos quedó condicionada al resultado del nuevo trámite. ¿Qué tendría que analizar la Corte? El planteamiento de Molina busca que se determine si los hechos establecidos posteriormente por el Consejo de Estado pueden tener consecuencias constitucionales sobre la formación de la ley. La discusión no consiste en establecer nuevamente la responsabilidad individual de Name, sino en determinar si su actuación pudo afectar de manera material etapas esenciales del procedimiento legislativo, entre ellas la deliberación, la publicidad, la participación de las minorías, el quórum o las votaciones. El propio memorial advierte que una conducta individual no implica automáticamente la invalidez de una ley. Para que los hechos tengan relevancia constitucional, tendría que establecerse una conexión material entre esa conducta y la formación de la voluntad legislativa. Así, la Corte Constitucional tendrá eventualmente que determinar, dentro de los procesos que continúen habilitados y de acuerdo con sus competencias, si la decisión del Consejo de Estado aporta elementos relevantes para el análisis del trámite que tuvo la reforma pensional en el Senado.