¡Se acabaron los privilegios! Presidente ordenó traslados de 'presos corruptos' que estén en guarniciones

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo una nueva medida relacionada con las condiciones de reclusión de personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción. Durante una alocución desde Barranquilla, el mandatario ordenó revisar los casos de quienes permanecen privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía para determinar si cumplen con los requisitos legales que permiten su permanencia en esos lugares. De acuerdo con la instrucción presidencial, aquellos detenidos que no cumplan las condiciones establecidas por la ley deberán ser trasladados a establecimientos penitenciarios. De La Espriella aseguró que la decisión busca garantizar que las condiciones de reclusión se apliquen de manera uniforme, independientemente de la posición social, política o económica de las personas involucradas. "Se acabaron los privilegios para los corruptos", afirmó el jefe de Estado al presentar la medida, con la que cuestionó el trato diferenciado que, según señaló, podrían recibir algunos responsables de delitos contra la administración pública. El presidente sostuvo que quienes hayan sido condenados o procesados por apropiarse ilegalmente de recursos destinados a sectores como la salud, la educación o las obras públicas no deben recibir un tratamiento especial por su condición o trayectoria. En ese sentido, rechazó que personas que ocuparon cargos de responsabilidad dentro del Estado puedan cumplir sus condenas en condiciones que considere privilegiadas frente a otros ciudadanos privados de la libertad. El mandatario también se refirió a los llamados "delincuentes de cuello blanco" y afirmó que no deben ser considerados como una categoría diferente de delincuentes debido a su nivel socioeconómico o a los cargos que hayan ocupado. La orden contempla una revisión de las condiciones jurídicas de cada caso antes de ejecutar los eventuales traslados, de acuerdo con lo expresado por el presidente. La medida fue presentada por De La Espriella como parte de una política orientada a reforzar la aplicación de la ley y a eliminar posibles tratos diferenciados para personas involucradas en hechos de corrupción.