“Se acabaron las cuotas políticas, los favores y los negocios con los recursos del magisterio”: De La Espriella

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció el fin de la relación contractual entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Fiduprevisora, luego de 36 años de vinculación. La decisión, que pone punto final a un contrato suscrito en 1990 y modificado en 43 ocasiones mediante otrosíes, fue presentada por el mandatario como un paso para desmontar las prácticas políticas y administrativas que, según sus denuncias, habrían afectado el manejo de los recursos destinados a los docentes del país. El presidente se pronunció sobre la determinación y aseguró que su administración encontró una situación financiera y operativa preocupante en el fondo, con un patrimonio negativo reportado superior a los $3,1 billones, deficiencias en la prestación de los servicios médicos y retrasos en los pagos correspondientes a las obligaciones del sistema. De acuerdo con De La Espriella, las dificultades acumuladas durante años terminaron perjudicando directamente a miles de maestros, quienes han tenido que enfrentar obstáculos para acceder a servicios de salud y prestaciones que constituyen derechos adquiridos. «Se acabaron las cuotas políticas, los favores y los negocios con los recursos del magisterio», manifestó el jefe de Estado al defender la decisión de no extender el vínculo contractual con Fiduprevisora. El presidente señala presuntas redes de clientelismo Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones del mandatario tiene que ver con las posibles prácticas de clientelismo que, según afirmó, habrían operado alrededor del Fomag. De La Espriella aseguró que durante años se habría presentado un reparto de posiciones de poder y cuotas políticas dentro de la estructura administrativa del fondo, con posibles beneficios para políticos, abogados y personas que habrían respaldado determinados nombramientos. El presidente advirtió que estas denuncias deben investigarse hasta sus últimas consecuencias y sostuvo que quienes hayan utilizado los recursos de los maestros para favorecer intereses particulares o alimentar redes clientelistas tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, dejó claro que su administración no pretende limitarse a terminar el contrato, sino que busca establecer quiénes estuvieron detrás de las decisiones administrativas y financieras que llevaron al fondo a la situación que actualmente enfrenta. No obstante, las afirmaciones sobre posibles beneficiarios de estas prácticas deberán ser verificadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal o disciplinaria contra personas determinadas. Auditoría forense para establecer qué ocurrió con los recursos Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno contratará una auditoría forense para revisar el manejo financiero, administrativo y contractual del Fomag. El propósito será identificar posibles irregularidades, establecer el destino de los recursos y determinar quiénes tuvieron responsabilidades en las decisiones que afectaron el funcionamiento del sistema. De La Espriella planteó varios interrogantes sobre la situación encontrada: quién permitió que se acumularan las dificultades financieras, quién tenía a su cargo la vigilancia de los recursos y quiénes pudieron haberse beneficiado de las decisiones adoptadas durante los años de operación. El mandatario también anunció que los hallazgos que se desprendan de las revisiones serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría, para que cada organismo adelante las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias. La revisión cobra especial importancia debido a que el Fomag administra recursos destinados a garantizar las prestaciones económicas y la atención en salud de los docentes afiliados y sus beneficiarios. ¿Qué pasará con la salud de los maestros? Uno de los principales desafíos del cambio será garantizar que la terminación del contrato no provoque una nueva afectación en la atención médica de los docentes. El Gobierno aseguró que la decisión estará acompañada de un proceso de transición para mantener la continuidad de los servicios de salud y el reconocimiento de las prestaciones sociales mientras se implementa un nuevo esquema de administración. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, había anticipado la determinación de no renovar el Contrato de Fiducia Mercantil número 083 de 1990, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S. A., cuyo vencimiento formal se produjo el 31 de octubre de 2026. Según lo anunciado por el Ejecutivo, desde el 1 de noviembre comenzó a regir un periodo de transición de un año, con posibilidad de prórroga por otros doce meses, para realizar los ajustes administrativos y operativos necesarios. La intención es reorganizar el funcionamiento del fondo sin interrumpir los tratamientos, las consultas, la entrega de medicamentos ni los demás servicios que requieren los afiliados.