Se acaba la protesta violenta: Policía podrá actuar y, si hay armas, no hay diálogo

: El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un proyecto de decreto de 27 páginas que propone nuevas reglas para el desarrollo de las manifestaciones públicas en Colombia. El texto, que se encuentra en etapa de comentarios, establece condiciones bajo las cuales la Policía Nacional podría intervenir durante una protesta cuando se presenten hechos de violencia o se detecte el uso de armas, explosivos u otros elementos peligrosos. El documento señala que, ante la presencia de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios, el diálogo no impediría la actuación de la Fuerza Pública. En esos casos, la Policía tendría la facultad de intervenir para prevenir o detener conductas violentas, proteger la integridad de las personas, preservar bienes y recuperar las condiciones de seguridad y convivencia. La propuesta también plantea un principio de “equilibrio constitucional”, según el cual el derecho a la protesta debe ejercerse en armonía con otros derechos fundamentales, entre ellos la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y la prestación de servicios públicos esenciales. Otro de los puntos establecidos en el proyecto es que el dispositivo policial de acompañamiento deberá ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes. Su objetivo sería garantizar tanto el desarrollo pacífico de las movilizaciones como la protección de quienes participan y de quienes permanecen al margen de ellas. El proyecto también otorga un papel relevante al Puesto de Mando Unificado (PMU), que podría evaluar si las condiciones permiten continuar con el diálogo, determinar cuándo existen circunstancias que ameriten la intervención de la Fuerza Pública y analizar situaciones como bloqueos prolongados de vías. La propuesta aclara que una obstrucción vial, por sí sola, no convertiría automáticamente una manifestación en violenta ni justificaría su disolución. Sin embargo, el PMU tendría que evaluar factores como la duración del bloqueo, el nivel de afectación y la importancia de la vía comprometida. El texto contempla además mecanismos de identificación de personas involucradas en posibles conductas punibles y la recopilación de elementos probatorios para eventuales procesos judiciales. También establece medidas especiales de protección para infraestructuras críticas y servicios esenciales, entre ellos hospitales, aeropuertos, redes eléctricas e instalaciones de la Fuerza Pública. Finalmente, el proyecto propone un sistema de alertas tempranas sobre conflictividad social administrado por el Ministerio del Interior. Cuando se active una alerta, la entidad podría convocar una mesa de diálogo dentro de los cinco días siguientes y registrar públicamente los compromisos alcanzados. El decreto todavía se encuentra en etapa de comentarios y sus disposiciones podrían modificarse antes de una eventual expedición.