La conmemoración de los diez años del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc vuelve a poner sobre la mesa uno de los asuntos más sensibles del proceso: las deudas que aún mantiene el Estado colombiano con miles de víctimas del conflicto armado.
Mientras el expresidente Santos destaca los avances alcanzados tras la firma del acuerdo de 2016, persisten los cuestionamientos sobre el alcance de la justicia, las indemnizaciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con quienes padecieron secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos.
Uno de los puntos centrales del debate está relacionado con las responsabilidades de los antiguos comandantes de las Farc. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete integrantes del último Secretariado de esa organización por crímenes de guerra y de lesa humanidad, relacionados con privaciones graves de la libertad y otros delitos cometidos durante el conflicto.
Las investigaciones de la justicia transicional documentaron al menos 21.396 hechos victimizantes asociados con el secuestro, una práctica utilizada por la antigua guerrilla para obtener recursos económicos, ejercer presión sobre el Estado y controlar determinados territorios.
Los expedientes también dejaron al descubierto las condiciones de cautiverio que enfrentaron numerosas personas, incluyendo torturas, amenazas, restricciones extremas de movilidad y situaciones que provocaron graves afectaciones físicas y psicológicas.
Las sanciones y el debate sobre la justicia
Otro aspecto que continúa generando controversia es el sistema de sanciones contemplado en el acuerdo. El modelo de justicia transicional establece penas restaurativas de hasta ocho años para quienes reconozcan sus responsabilidades y cumplan las condiciones exigidas por la JEP.
Aunque estas sanciones incluyen restricciones efectivas de derechos y libertades, su alcance sigue siendo motivo de discusión frente a la gravedad de los crímenes cometidos.
Para sectores críticos del acuerdo, las medidas resultan insuficientes frente al sufrimiento de las víctimas. Por su parte, los defensores del modelo consideran que la justicia transicional permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento de responsabilidades y el proceso de reincorporación de los excombatientes.
Las indemnizaciones, otra deuda del Estado
La reparación económica también representa uno de los principales desafíos pendientes. En agosto de 2026, la Procuraduría General de la Nación informó que las indemnizaciones administrativas entregadas desde 2011 equivalían apenas al 24,7 % del universo de víctimas susceptibles de recibirlas.
La cifra comprende a personas afectadas por el conjunto del conflicto armado colombiano y refleja una deuda institucional que se ha extendido durante diferentes administraciones.
Este panorama ha reactivado los cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar una reparación efectiva y oportuna, especialmente para las familias que llevan años esperando una respuesta.
Si bien el Gobierno de Santos fue responsable de negociar e implementar inicialmente el acuerdo, los compromisos de reparación, justicia y seguridad también involucran a las administraciones posteriores.
Diez años después, el desafío sigue siendo cumplir
La conmemoración del acuerdo también plantea interrogantes sobre las garantías de no repetición, uno de los pilares fundamentales de lo pactado en La Habana.
Evitar nuevos secuestros, desplazamientos forzados, asesinatos y amenazas contra la población civil continúa siendo una responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos.
A una década de la firma, el balance del proceso de paz reúne avances importantes, como la dejación de armas de las Farc, pero también desafíos relacionados con la reparación integral, el acceso a la justicia y la protección de las comunidades afectadas por la violencia.
En medio de las celebraciones y los reconocimientos al proceso, permanece una discusión fundamental: hasta qué punto los compromisos adquiridos se han traducido en resultados concretos para las víctimas.
El legado de Juan Manuel Santos continúa siendo objeto de debate, mientras miles de colombianos esperan que las promesas de verdad, justicia, reparación y no repetición se conviertan en realidades.

