La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia una propuesta que podría llevar a la exsenadora Sandra Ramírez a rendir versión libre dentro de la investigación sobre el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de las extintas Farc. La iniciativa será analizada por la subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad y tiene como punto de partida los testimonios de víctimas que han señalado a Ramírez por presuntamente haber conocido situaciones relacionadas con menores dentro de los campamentos de la antigua guerrilla. La propuesta fue presentada por la magistrada Lily Rueda y está relacionada con el macrocaso 07 de la JEP, expediente que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Uno de los elementos que llegó al despacho de la jurisdicción es una solicitud presentada en abril de 2026 por la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, organización que pidió que Ramírez fuera incorporada a las actuaciones relacionadas con estos hechos. Entre las personas que han señalado a la exsenadora está Daisy Guanaro, quien ha manifestado ante la JEP que fue reclutada cuando era menor de edad. En declaraciones públicas, Guanaro relató episodios de violencia sexual que, según su testimonio, habrían ocurrido durante su permanencia en las filas de las Farc. Los señalamientos también apuntan a establecer qué nivel de conocimiento pudo haber tenido Ramírez sobre las prácticas que se desarrollaban dentro de los campamentos y cuál habría sido, eventualmente, su relación con la estructura señalada por las víctimas. La eventual citación no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad. De ser aprobada, la versión libre permitiría a la exsenadora entregar su relato y responder ante la JEP sobre los hechos y circunstancias que sean objeto de las preguntas de los magistrados. El caso hace parte de una de las investigaciones centrales de la jurisdicción sobre los delitos cometidos contra menores durante el conflicto armado. De acuerdo con la información citada en el expediente, la JEP ha identificado 18.667 víctimas de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. La decisión que adopte la subsala J determinará si Ramírez deberá comparecer formalmente para entregar información sobre los hechos por los que ha sido mencionada por las víctimas.

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