El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, luego de que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) presentara una querella por presuntas vulneraciones a los derechos de asociación y reunión sindical. La acción judicial también involucra a Ana María Laspriella Steevens, secretaria general de la Federación. Según explicó la organización sindical, los hechos estarían relacionados con supuestos obstáculos para reunirse con los integrantes de la Selección Colombia de Mayores durante una concentración en Estados Unidos, en septiembre pasado. ACOLFUTPRO sostiene que la Federación habría impedido el encuentro con los futbolistas, situación que, a su juicio, representa una vulneración directa de las garantías constitucionales que protegen la actividad sindical. La asociación también aseguró que no se trataría de un episodio aislado. En su denuncia señaló que situaciones similares se habrían presentado durante concentraciones de la Selección Colombia en Río de Janeiro, en 2021; Nueva Jersey, en 2022, y Valencia, en 2023. Para ACOLFUTPRO, estos antecedentes evidenciarían un presunto patrón de actuaciones orientadas a limitar su labor como organización representante de los futbolistas profesionales. ¿Qué consecuencias podría enfrentar Ramón Jesurún? La querella está relacionada con el artículo 200 del Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1453 de 2011, que contempla sanciones para quienes vulneren los derechos de reunión y asociación sindical, entre otras conductas contra las garantías laborales. De acuerdo con la organización, el propósito de acudir a la Fiscalía es que se investiguen los hechos, se establezcan las posibles responsabilidades individuales de los directivos involucrados y se garantice el respeto de los derechos de los futbolistas profesionales. El caso abre un nuevo frente de controversia para la dirigencia del fútbol colombiano. Sin embargo, la presentación de la querella no significa que exista una condena ni que se haya establecido la responsabilidad penal de Ramón Jesurún o de los demás señalados.

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