Nuevos cuestionamientos rodean a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A las críticas por sus resultados, el manejo de los recursos públicos y las denuncias de revictimización se suma ahora un señalamiento relacionado con la permanencia de funcionarios en puestos directivos de la entidad. La denuncia fue puesta sobre la mesa por víctimas de las Farc, entre ellas el exdiputado del Valle Sigifredo López, quien llegó a Bogotá para advertir sobre supuestas prácticas que facilitarían la continuidad de algunos funcionarios dentro de la jurisdicción. Según López, existiría una dinámica de recomendaciones cruzadas en la que quienes participan en la elección de determinados funcionarios posteriormente podrían beneficiarse de decisiones que favorezcan su permanencia. “Yo te elijo, tú me eliges”, resumió el exdiputado al referirse a lo que considera un posible esquema de favores dentro de la entidad. Uno de los casos señalados involucra a un funcionario con responsabilidades en materia de contratación, quien habría tenido vínculos previos con organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y que, de acuerdo con la denuncia, esos antecedentes habrían facilitado su llegada a la JEP. Los cuestionamientos aparecen en medio de un creciente debate sobre el funcionamiento y los recursos destinados a esta jurisdicción. Las víctimas sostienen que se han invertido más de 4 billones de pesos en la JEP y cuestionan que los resultados obtenidos estén a la altura de los objetivos con los que fue creada: verdad, justicia y reparación. A esto se suma otra denuncia relacionada con la contratación. De acuerdo con los señalamientos conocidos por las víctimas, la JEP habría suscrito un contrato de alto valor con una persona que tendría una condena por corrupción y una inhabilidad para contratar con el Estado. Los denunciantes consideran especialmente grave que una persona con esas condiciones haya terminado vinculada como contratista de la jurisdicción encargada de administrar justicia frente a los hechos más graves del conflicto armado. La denuncia también advierte sobre presuntas contrataciones que no tendrían relación directa con las funciones para las cuales fue creada la JEP. En particular, se cuestiona el uso de recursos públicos en actividades que, según los denunciantes, se apartarían de los objetivos establecidos en la normativa que regula el funcionamiento de la entidad. Las víctimas de las Farc pidieron que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación revisen los hechos denunciados y determinen si existen responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales por las actuaciones relacionadas con los contratos y la permanencia de funcionarios. Los señalamientos se conocen en un momento de fuerte controversia alrededor de la JEP y mientras diferentes sectores políticos y organizaciones de víctimas reclaman mayor transparencia en el manejo de los recursos y resultados más concretos en materia de justicia y reparación.
“Puerta giratoria” en la JEP: cuestionan permanencia de directivos y millonarios contratos
Víctimas de las Farc alertan sobre una supuesta dinámica de recomendaciones y reelecciones que permitiría a funcionarios mantenerse en cargos de alta responsabilidad dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz.
